Absueltos el ex alcalde de Elche de la Sierra y tres ediles de un delito continuado de prevaricación urbanística

El Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete ha absuelto al ex alcalde socialista de Elche de la Sierra, Domingo del Val Perdiguero y a los ex concejales Juan Carlos Belmonte Merenciano, José Fernández Sánchez y Carmen Ruiz Escudero, quien fuera alcaldesa entre 2007 y 2011. La magistrada juez Sánchez Chacón considerada probado que no cometieron el delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión, entre los años 2002-2004, de cuatro licencias y un informe favorable en un proyecto de complejo de casas rurales.

Los cuatro miembros del gobierno municipal, fueron denunciados en 2006 por José Cayetano Guerrero López, en su calidad de concejal del Partido Popular. Hecho que fue anunciado en rueda de prensa junto al actual alcalde elcheño, Asensio Moreno. En 2008, los hasta ahora acusados, fueron imputados y el fiscal solicitó año y seis meses de prisión, además de nueve años de inhabilitación en cargo público. Y pese a que tiempo después, el propio PP retiró la denuncia, el ministerio fiscal mantuvo la acusación.  El juicio oral, celebrado el pasado 3 de noviembre en Albacete,  seguido con interés por los medios de comunicación, demostró que las normas urbanísticas de Elche de la Sierra, aprobadas en la Comisión Provincial, en 1989, no fueron publicadas en el BOP hasta abril de 2008.

Tras la vista de hace un mes, el fiscal provincial Gil Navarro retiró la prisión de cárcel para los acusados. En su sentencia del 28 de noviembre de 2014,  la magistrada juez absuelve a los ediles elcheños porque no votaron las licencias incumpliendo ninguna norma vigente, ni lo hicieron arbitrariamente, injustamente, ni a sabiendas. Con esta sentencia queda probada la inocencia de cuatro cargos públicos que afirman que  “han tenido que sufrir el desgaste personal y familiar durante ocho años, por una denuncia sin fundamento, que el propio Partido Popular quiso borrar de su expediente como oposición política. Una denuncia que ha costado dinero a las arcas públicas y tiempo a la justicia”, señalan en un comunicado.

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