Tras el nombramiento de Pilar Alegría como nueva ministra de Educación, el sindicato ANPE pedía a la “una mayor capacidad de diálogo y negociación con los representantes del profesorado para afrontar los retos y desafíos más inmediatos que el Gobierno plantea para la Educación en España”.
En nota de presenta ANPE recogía las palabras de la nueva responsable de la cartera de Educación consideraban que “son muchas las cuestiones pendientes a las que debe enfrentarse la nueva ministra”. Así subrayaban que “los principales retos son el desarrollo de la LOMLOE y la aprobación de la ley de Formación Profesional”.
De este modo el sindicato ponía de manifiesto una serie de reivindicaciones a través de una serie de medidas. La primera es el desarrollo de la situación del profesorado, ya que consideran que “la LOMLOE recoge las disposiciones adicionales séptima y undécima sobra las que urge su desarrollo normativo inmediato”.
Al respecto desde ANPE proponen llevar a cabo estas cuestiones proponiendo que “se establezca una Ley de la profesión docente donde se recoja una normativa marco que regule la docencia no universitaria en todo el Estado”. Además apuntaban que “en el ámbito de la enseñanza pública, un Estatuto de la Función Pública Docente que establezca las condiciones laborales y profesionales de los docentes y regule la carrera profesional de los docentes en el que se regule entre otras cuestiones, el ingreso y acceso a la función pública docente, y que conlleve una clara definición y reestructuración de los cuerpos con la inclusión de todos en el grupo A1”.
Igualmente ANPE solicitaba a la nueva ministra de Educación el “desarrollo normativo sobre el Profesorado de Técnicos de FP”. Para el sindicato “urge establecer la normativa necesaria para que se lleve a efecto la integración, en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria al profesorado, perteneciente al cuerpo de PTFP que estaba en posesión del título de Grado o equivalente a la entrada en vigor de la LOMLOE”. También reiteraban “la necesidad de que regulen los procedimientos que posibiliten a los funcionarios de carrera del cuerpo de PTFP que, no cumpliendo con dicho requisito a la fecha de entrada en vigor de la LOMLOE, y pertenezcan a alguna de las especialidades que este anteproyecto de Ley integra en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, lo puedan cumplir más adelante y así poder ingresar en dicho cuerpo, si así lo desean”.
Otra de las reivindicaciones de ANPE pasa por fomentar el diálogo para afrontar las reformas de la Ley de FP. “Desde ANPE inicialmente valoramos positivamente este anteproyecto de ley porque ofrece el carácter de norma básica para garantizar la igualdad de derechos del alumnado y profesorado en todo el territorio nacional, así como la integración de toda la Formación Profesional, tanto la reglada como la ocupacional”.
Subrayaban que “para que esta ley sea eficaz se necesita contar con recursos humanos y medios materiales para llevarla a su práctica y hacer de la FP una verdadera prioridad educativa para la formación de nuestros jóvenes”. Además, especifican que “las principales exigencias de ANPE son que todos los centros cuenten con la dotación suficiente de especialistas en FOL y en orientación educativa y que las competencias docentes como evaluar o establecer resultados de aprendizaje, sean atribuidas en todo momento a los profesores tutores de los centros educativos y no a los tutores de empresa, porque los docentes disponen de los requisitos de formación y conocimientos pedagógicos para llevar adelante el proceso de evaluación.
Finalmente ANPE ponía de manifiesto “la bajada de las ratios y contratación de profesorado”. Para el sindicato educativo “es imprescindible mantener los desdobles actuales y el profesorado contratado en las distintas Comunidades Autónomas para poder cumplir las medidas sanitarias, asegurar la presencialidad en todas las enseñanzas y compensar los déficits de aprendizaje producidos durante la pandemia”.
Desde ANPE ofrecían a la nueva ministra de Educación y Formación Profesional “voluntad de dialogar y llegar a acuerdos para el desarrollo de la LOMLOE y las condiciones laborales y sociales del profesorado”. Además reiteraban que “ninguna reforma puede arraigar y aplicarse si no se cuenta con la implicación y complicidad de los docentes”.
/El Digital de Albacete/
