Dos personas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados en los Juzgados de lo Penal de Albacete para responder por un presunto delito relativo a la protección de la fauna, tras ser sorprendidos cazando furtivamente con galgos en un coto social del Club de Cazadores de La Gineta.
La Federación de Caza de Castilla-La Mancha, que actúa como acusación popular, ha dado a conocer este lunes, en un comunicado de prensa, la apertura de juicio oral contra estas dos personas, que fueron sorprendidos presuntamente por un guarda rural y el Seprona cazando liebres con tres perros galgos.
La Federación de Caza y la Fiscalía en sus escritos de conclusiones provisionales sobre los hechos, mantienen que los cazadores furtivos fueron sorprendidos careciendo de permiso alguno que les habilitara para ello.
Además, recogen que estos dos hombres, tras advertir la presencia del guarda rural, se trasladaron supuestamente al paraje Las Ánimas, en Aguas Nuevas, donde fueron interceptados finalmente por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil cuando pretendían seguir cazando.
Los hechos, según el criterio de la Fiscalía, son constitutivos de un delito relativo a la protección de la fauna, por los que procede imponer a cada uno de los acusados la pena de multa de 2.160 euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante dos años.
Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha solicita penas mayores para los acusados, a los que considera cazadores furtivos e infractores reincidentes, al calificar los hechos como un delito continuado.
De hecho, según Santiago Ballesteros, abogado de la Federación, “han sido sancionados e inhabilitados un número de veces grosero, actuando con total impunidad, e incluso confiados en que al llevar incluso perros prestados, no serían objeto de sanción alguna”.
Se da la circunstancia que los acusados, ha explicado, habían sido inhabilitados hasta seis veces y objeto de cerca de un centenar de expedientes sancionadores, por lo que su actuación “supone un desprecio continuo a ley y a la autoridad”.
La actitud de los acusados supone para la Federación un perjuicio “continuo y agravado” al patrimonio cinegético de los cotos afectados, donde “con hechos como este se ahuyenta la caza y se diezman los ejemplares de piezas cinegéticas”.
Por eso, según la acusación popular, los hechos pudieran ser constitutivos de un delito agravado contra la fauna por la concurrencia de graves daños al patrimonio cinegético.
