La consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha admitido este martes que, debido a la pandemia de la COVID-19, la situación “es difícil”, pero ha sostenido que “la transmisión de los centros residenciales está controlada”.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este martes ha aprobado el decreto que simplifica y agiliza los trámites para obtener, renovar o extinguir el título de familia numerosa y regula los procedimientos de reconocimiento o pérdida de esta condición, Sánchez ha mostrado su reconocimiento y apoyo a todos los profesionales que trabajan en residencias de mayores de la región.
En este sentido, ha admitido que la situación es difícil, si bien ha aseverado que, con el apoyo del Gobierno regional, “la transmisión de los centros residenciales está controlada”, ya que ha explicado que todos los centros residenciales de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Consejería que dirige, tienen planes de contingencia y además, se ha realizado un protocolo de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para que los profesionales que se incorporan de sus vacaciones o tienen nuevos contratos, se puedan hacer test diagnósticos.
También ha valorado, asimismo, que “hay una gran responsabilidad por parte de los centros residenciales” para que los profesionales tengan el material de protección que necesiten y ha recordado que el Gobierno regional ha puesto a disposición de las residencias unas ayudas dotadas con 2 millones de euros para que las residencias puedan adquirir material, y que ya han sido solicitadas por 300 residencias, que “próximamente” cobrarán dichas ayudas.
Ha añadido, asimismo, que todas las residencias de mayores tienen la obligación de cumplir con los convenios colectivos vigentes, que existe un plan de inspección puesto en marcha durante la época COVID-19 y también se dispone de una bolsa de trabajo social para poder apoyar a los centros residenciales que tienen dificultades para contratar a los profesionales.
Por todo ello, ha señalado que, aunque hay afectación en las residencias, “afortunadamente” se trata en ocasiones de mayores diagnosticados de COVID-19 asintómaticos, que “no ven comprometida su vida”.
Con todo, ha pedido corresponsabilidad a todas las administraciones y ha instado al Gobierno central a mejorar el sistema de dependencia, que financia en un 80 por ciento las residencias de mayores.
