/Redacción/
Al comunicado emitido por el claustro de profesores del IES Ramón y Cajal se unían este viernes, 3 de julio, los profesores del IES Bernardino del Campo ce la Capital quienes a través de un escrito quieren “hacer llegar a la Administración Educativa, tanto a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como al Ministerio de Educación, una enérgica protesta por su gestión durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19”. De este modo, especifican que también se unen a las “reivindicaciones de otros muchos claustros docentes como el del IES Carlos III de Toledo, y que en estos días proliferan dentro de la comunidad educativa”.
Exponen que “la declaración del Estado de Emergencia y el cierre de los colegios e institutos de todo el país, por constituir estos un importante vector de contagio del coronavirus, causó una gran alarma e incertidumbre entre el profesorado ante una situación inédita en nuestra historia educativa que requería de medidas urgentes y contundentes”. Así, recuerdan que “mientras el presidente de nuestra comunidad autónoma declaró a los medios de comunicación que los docentes pretendíamos beneficiarnos de 15 días de vacaciones”, palabras que consideran “absolutamente indignantes por el desprecio que muestran hacia nuestra labor y esfuerzo, por las que todavía ni siquiera hemos merecido una mísera disculpa”.
De este modo, manifiestan que “no ha habido vacaciones”. Relatan en este escrito que “de un día para otro, sin información, ni herramientas específicas y eficientes, hemos puesto en marcha una nueva metodología de enseñanza telemática para garantizar que nuestros alumnos pudieran continuar, pese a las circunstancias, su formación académica”. Además, exponen que “la aplicación Papás 2.0 de la Junta mostró enseguida su ineficacia ante la avalancha de tráfico de datos y s mantuvo inspirativa durante la primera fase del Estado de Alarma”, una situación que “nos dificultó la comunicación con alumnos y padres”, apuntan. Ante esta circunstancia “fuimos los profesores quienes tomamos las decisiones en solitario, sin directriz alguna de la Administración” y añaden que “quienes recurrimos a otras plataformas de enseñanza on-line, al uso de nuestros correos electrónicos personales, o quienes incluso, decidimos contactar con alumnos y padres a través de nuestros teléfonos particulares”. Señalan que se sintieron “abandonados a nuestra suerte por la Administración” y tuvieron que “reorganizar y planificar un curso en un entorno educativo on-line que, a la mayoría, nos era desconocido.
Para agravar la situación, “las instrucciones de la Administración acerca de los procedimientos de evaluación y comunicación con el alumnado eran confusas y contradictorias: no sabíamos cuánto duraría la situación de confinamiento, cómo iban a ser evaluados los alumnos ni cuándo volveríamos a las aulas”, matizan. Todo ello generó un clima de “tensión e incertidumbre en toda la comunidad educativa que ha dificultado enormemente nuestro trabajo”, añaden.
Por otro lado, la brecha digital, que “tan preocupante es para garantizar el rendimiento del alumnado durante la situación de confinamiento, también ha afectado a los profesores, pero estos no han recibido ningún respaldo por parte de la Administración”, destacan. Además, recuerdan que “los docentes hemos trabajado con nuestros equipos informáticos personales, con nuestros propios medios tecnológicos, con nuestros móviles y cámaras”. A diferencia de lo que se reclama para otros sectores productivos, “nadie se ha preocupado de reivindicar una compensación económica a los docentes por todos los suministros que han empleado durante el periodo de teletrabajo”.
Durante el periodo de confinamiento, “ante la falta de una normativa reguladora, el horario lectivo ha abarcado las 24 horas del día los 7 días de la semana”, explican. Así, consideran que “el trabajo se ha quintuplicado, pues el seguimiento de cada alumno se ha realizado de modo totalmente individualizado y el profesorado ha estado absolutamente disponible para alumnos y padres, sin importar horarios ni medios (plataformas educativas variadas, correo electrónico, Papás, teléfono)”. Una “sobrecarga laboral” que ha provocado al profesorado “dolencias físicas tales como problemas de cervicales e insomnio debido a los largos periodos de exposición ante la pantalla del ordenador, pero también numerosas situaciones de estrés, ansiedad y síndrome del profesor quemado (burn out)”. Por si fuera poco, “la falta de regulación de los procesos de aprendizaje on-line ha hecho que aparezcan actitudes de indisciplina por parte del alumnado (insultos, burlas con imágenes grabadas del profesor, interrupción de clases on-line, correos electrónicos con amenazas e insultos de alumnos y padres…) que, evidentemente, han dificultado nuestra labor”, exponen. Subrayan también que “las instrucciones de la Administración incidían una y otra vez en el apoyo emocional a un alumnado que, evidentemente, atravesaba unas circunstancias dolorosas y estresantes. Pero, ¿quién ha cuidado a los profesores?”.
“Lejos de recibir aplausos, nuestro colectivo ha sido sometido a una desautorización constante por parte de nuestros representante políticos”, manifiestan. Además de las “inolvidables palabras del presidente de Castilla-La Mancha, hemos tenido que escuchar a toda una señora ministra de Educación prometer el aprobado general a los alumnos, independientemente de su esfuerzo y conocimientos, al final de curso”. Sorprendentemente, destacan que “ello provocó el abandono de sus obligaciones académicas por parte del alumnado”.
Indican en el comunicado que “si algún abyecto docente, haciendo uso de ese desconocido derecho llamado libertad de cátedra, osaba suspender a un alumno, cuyo rendimiento y características académicas conocía perfectamente, sufriría las presiones de una Administración empeñada en que el aprobado, la promoción y la titulación fueran la única norma este curso”. Apuntan además que “el trabajo, el conocimiento y el mérito, se valorarán, quizás, el curso que viene” y añaden que este respecto “la Junta no ha confundido a alumnos y padres: estos tuvieron a su disposición en la web de Educación las instrucciones sobre los mecanismos de reclamación antes incluso de que los docentes supiéramos con qué criterios debíamos evaluar al alumnado”. Un alumnado, eso sí, “al que no se dio la posibilidad de examinarse en septiembre, imponiéndose así un nuevo calendario docente con el que la mayor parte de la comunidad educativa ha mostrado su desacuerdo y cuya eficacia o ineficacia respecto a la mejora del rendimiento académico no ha podido, evidentemente, ser evaluada en las circunstancias actuales”, ponen de manifiesto.
Por si todo ello fuera poco, “la Consejería nos reservaba a final de curso una nueva sorpresa burocrática: cada profesor debía realizar un informe individual sobre el progreso de cada uno de sus alumnos y remitirlo a los padres, junto al boletín de calificaciones (en convocatoria ordinaria y extraordinaria), los planes de recuperación, el consejo orientador y, llegado el caso, el informe de no promoción o titulación”, destacan. Todo ello sumado a “las modificaciones de las Programaciones Didácticas de cada departamento, las memorias de fin de curso, las actas de sesiones de evaluación, las actas de reuniones, claustros y comisiones de coordinación pedagógica… una burocracia interminable que a todas luces obstaculiza el desarrollo de nuestra verdadera labor: enseñar”.
También quieren reseñar que, “en este confinamiento idílico, muchos de nuestros compañeros han padecido COVID-19 u otras dolencias pero, sorprendentemente, pocas de sus bajas se han cubierto. Al fin y al cabo, hemos estado todos de vacaciones”.
Ante la situación de “desprotección y minusvaloración de la labor docente que hemos padecido durante la pandemia de COVID- 19”, requieren que la Administración Educativa “establezca unas normas claras que regulen la educación no presencial, por si fuera necesario que esta volviera a desarrollarse durante el próximo curso”:
- – “Establecimiento de horarios lectivos, fuera de los cuales no se atenderá a alumnos ni a padres”.
- – “Disminución de la ratio de alumnos para poder garantizar la atención individualizada por parte del docente sin provocar la sobrecarga laboral así como la organización de
videoconferencias y clases on-line”. - – “Contratación de profesorado de refuerzo si fuera necesario para disminuir las ratios o garantizar el carácter individualizado de la enseñanza”.
- – “Desarrollo de una única herramienta o plataforma de trabajo on-line a través de la cual se pueda dar respuesta a todas las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje: clases on- line, intercambio de materiales con el alumnado, evaluación, comunicación con alumnos y padres, reuniones con padres y docentes etc”.
- – “Formación específica de los docentes y alumnos en el uso de esta plataforma”.
- – “Concesión de permisos específicos a los docentes para poder grabar a los alumnos y desarrolar así mecanismos de evaluación no presencial con garantías: examen oral, examen
on-line etc”. - – “Creación de depósitos en los centros donde los alumnos puedan poner a disposición de los docentes sus trabajos y tareas para su evaluación”.
- – “Posibilitar la evaluación presencial en condiciones de seguridad o estudiar la posibilidad de posponer la evaluación en cursos terminales o conducentes a titulación”.
- – “Establecer una normativa disciplinaria en relación con la educación no presencial protegiendo la imagen y derecho al honor del profesorado, basándose en el Decreto de Autoridad del Profesorado. Esta protección se extenderá tanto a las comunicaciones con alumnos como con padres y tutores”.
- – “Apoyo y cuidado psicológico del colectivo docente, creándose redes específicas de protección”.
- – “Sustitución de todos los docentes que se encuentren en situación de baja laboral”.
- – “Reducción de procedimientos burocráticos, que restan tiempo y energía al profesorado para el desarrollo de su labor docente”.
Destacan que “en las circunstancias actuales parece que el próximo curso 2020/21 se iniciará en la modalidad de enseñanza presencial”. Tras leer las Instrucciones facilitadas por la Junta y, teniendo en cuenta, “las características de nuestro centro, pensamos que, con las condiciones actuales, no podemos garantizar la seguridad del alumnado, del personal de administración y servicios y del propio equipo docente”. Consideran necesario “un fuerte aumento de la inversión en Educación por parte de las administraciones autonómica y estatal que garantice unos requisitos mínimos de seguridad en el entorno educativo”. De este modo, solicitan:
-
- – “La creación de un protocolo de seguridad y un plan de contingencia para el centro por parte de expertos sanitarios y técnicos en prevención de riesgos laborales. Nos parece una irresponsabilidad delegar estas importantísimas labores de prevención en los cargos directivos del centro o miembros del claustro; personas que carecen de la formación necesaria para abordar tareas de esta envergadura y trascendencia”.
- – “La disminución de la ratio de alumnos por grupo, a fin de garantizar que alumnado y docentes puedan desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje a una distancia mínima de 1,5 metros, tal como recomiendan las autoridades sanitarias. Esto es especialmente necesario en los numerosos grupos de nuestro centro que superan los 30 alumnos”.
- – “El aumento del cupo de profesorado asignado al centro, con el objetivo de poder desdoblar los grupos especialmente numerosos en los que se hace imposible cumplir las exigencias de distanciamiento social”.
- – “La realización de test serológicos al personal docente, un colectivo que se encuentra en situación de riesgo y claramente expuesto al contagio, a fin de proporcionar unas medidas de protección más ajustadas y acordes a cada circunstancia individual”.
- – “El aumento del personal de limpieza, dado el incremento de tareas de limpieza y desinfección que deberá realizarse el próximo curso”.
- – “La instalación de elementos de protección para el profesorado en el área de la pizarra y mesa del profesor”.
- – “La dotación al profesorado de los EPIS necesarios en la actual situación sanitaria: mascarillas, pantallas de protección, guantes, gel hidroalcohólico etc”.
- – “Instauración de un protocolo claro de actuación, conocido por toda la comunidad educativa, en caso de sospecha de un posible contagio”.
- Así, ponen de relieve que “la situación que hemos vivido en este último curso, no se puede volver a repetir. No podemos volver a sentirnos abandonados, desprotegidos y desautorizados”. Destacan que “la educación es la base del progreso social y, por ello, sus instituciones y profesionales deben ser especialmente reconocidos y protegidos”. Por todo ello, reivindican “unos centros seguros, donde profesores y alumnos podamos enseñar y aprender con una plena protección de nuestra salud”.
