/Llanos Esmeralda García/
La Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Albacete, que preside Juan José Andrés López, ha destacado su “inquietud y malestar, no solamente de ACEPA, sino también de todos nuestros asociados y sobre todo de los candidatos opositores a las últimas oposiciones que se han celebrado de auxiliar administrativo de la Junta” y de las que ha dicho se ven los candidatos opositores “claramente dañados, engañados, defraudados y perjudicados”.
Y es que ha señalado el presidente de ACEPA en rueda de prensa en la sede de FEDA que en las recientes oposiciones al Cuerpo Auxiliar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se han producido un “cúmulo de irregularidades que han tenido su remate final con la inclusión de nueve preguntas supuestamente sobre los principales hechos o características históricas, geográficas, culturales y económicas de la región”, las cuales ha señalado el presidente de ACEPA corresponden al temario 12 de la oposición.
Irregularidades que ha destacado López tales como “el retraso en la publicación del temario y en la corrección posterior, ha habido una indefinición en la composición de las pruebas, primero legislación y psicotécnicos y posteriormente eliminación de los psicotécnicos, rectificación de la fórmula de la corrección de exámenes, así como las preguntas correspondientes al conocimiento de la región de las cuales podemos hacernos una idea del desconcierto y de la indignación de los candidatos que han realizado un importantísimo esfuerzo, tiempo y dinero para preparar estas oposiciones”.
Unas preguntas que señala el residente de ACEPA han sido “tan rebuscadas que han sido causa de mofa por algunos medios a nivel nacional” y se ha preguntado “¿es admisible exigir a los opositores que conozcan de memoria el último censo regional? Y así hasta nueve preguntas que suponen un 11,25 % de la calificación final del examen”. Es por ello que la Asociación Provincial de Centros de Formación y Academias Privadas de Albacete con el apoyo de la Federación regional consideran que con este tipo de exámenes “la administración autonómica demuestra muy poco respeto con el esfuerzo que los opositores están realizando para poder desempeñar de la mejor forma posible el puesto de trabajo que como funcionarios de la Junta aspiran a desempeñar”, por lo que insiste el presidente de ACEPA que “exigimos que la elaboración de las pruebas, que los opositores deben superar para acceder a tener un puesto de trabajo en la función pública de Castilla-La Mancha, sea abordada con el rigor necesario para que se seleccione de forma objetiva los mejores candidatos para ocupar los puestos de trabajo”.
Por el principio de “igualdad, mérito y capacidad, debemos exigir para todos los candidatos u opositores se refleje claramente el temario para las preguntas que puedan aparecer”, es por ello que ha insistido el presidente de ACEPA piden “seriedad, rigor en la preparación de los exámenes y que haya un temario bien definido y acotado”.
Ya se ha publicado el segundo Plan de impulso de los servicios públicos 2020-2023 para el cual también desde ACEPA piden que se publiquen los temarios a estudiar por los opositores y que se acoten “de una forma que no sea necesaria estudiar el último censo de población de todos los municipios de Castilla-La Mancha”.
Dulcinea López, representante de los centros opositores, ha asegurado que los alumnos están “muy indignados porque se necesitan unos requisitos mínimos para acceder a esta oposición, de auxiliar administrativo, como un título por lo que quisiera saber además por parte del tribunal en qué editoriales se han fundamentado para encontrar estas preguntas”.
Por su parte, César Yagüe, presidente de la Federación regional de Academias Privadas, ha apuntado que desde dicha federación ante todos estos problemas y lo que les transmiten los centros han solicitado una reunión con la Dirección General de la Función Pública “pero no recibimos respuesta, la respuesta es que nos reunamos con la escuela regional o no hay respuesta directamente. Creo que son temas suficientemente importantes como para que la Dirección General de Función Pública sea consciente y pueda actuar en consecuencia”.
