El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha considerado que la enmienda a la totalidad que ha presentado a los presupuestos de la región para el año 2016 es “una respuesta obligada” a unas cuentas que “no son nada beneficiosas para la comunidad autónoma”.
La diputada de este grupo Claudia Alonso ha asegurado este viernes en rueda de prensa que el PP ha presentado esta enmienda para que el Gobierno regional “entre un poco en luz y vea que lo que importaba era que este año el presupuesto buscara la generación de empleo y la atracción de empresas, cosa que no se está produciendo”.
Alonso ha considerado que las cuentas “no tienen un corte social, son ideológicamente sectarios y contienen una masiva subida de impuestos”, recordando que su partido “ofreció su apoyo a unos presupuestos en los que se produjera una baja real de impuestos, especialmente el IRPF”.
La diputada ha reiterado que “lo que se ha ofrecido es subir impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones”, recordando que el primero de ellos “grava todas las transacciones que se producen de manera diaria” y el segundo “va a afectar sobre todo a las clases medias”.
Además, ha repetido que el gasto corriente “sube más de un 12 por ciento”, añadiendo que esta subida “no se va a invertir en mejorar la vida de los ciudadanos”, algo que, ha apuntado, “va a provocar que se vayan las empresas”.
En este sentido, ha apuntado que “un nuevo ejemplo de que esta política está dando frutos negativos es la bajada de la calificación de la deuda que ha hecho Moody’s”, algo que, ha comentado, “se une a la pérdida de la confianza empresarial”.
La ‘popular’ ha señalado también que hay un recorte del 15 por ciento en el gasto social con respecto al año anterior. “Los presupuestos son perniciosos para la actividad económica y no tienen incremento del gasto social sino todo lo contrario”.
Finalmente, la diputada ha incidido en el “componente sectario” de los presupuestos en lo referente a la enseñanza concertada, criticando que la Junta “está a favor de poner en peligro 127 centros concertados y el puesto de trabajo de más de 3.500 profesores”.
“Seguirán poniendo en tela de juicio la capacidad de los padres de poder elegir el centro educativo que consideren pertinente, la capacidad de los ciudadanos de poner en marcha centros educativos y vulnerando la libertad de enseñanza”, ha concluido.
