El Ayuntamiento de Albacete sigue siendo, como en 2016, el que antes paga a sus autónomos, en una media de 32 días, según el informe sobre los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos a cierre de 2017 elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA. El periodo legal de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas se sitúa en 30 días y el Ayuntamiento superó este plazo en dos días durante el pasado ejercicio, mientras que en 2016 realizó los pagos en 18 días situándose entonces como el tercer ayuntamiento en todo el territorio nacional que antes pagaba a sus proveedores autónomos.
El informe también indica que el Ayuntamiento de Ciudad Real paga en 34 días (un día más que el año pasado), el de Toledo en 41(nueve menos que el año pasado), el de Guadalajara en 45, mientras que el de Cuenca paga a sus autónomos en 75 días de media.
Recuerdan desde ATA que la administración local es la peor pagadora, ya que se demora de media tres meses (91 días) en pagar a sus proveedores autónomos.
Además, según indica ATA el tiempo medio de espera de los autónomos que trabajan con las administraciones regionales para cobrar sus facturas se situó en 2017 en 49 días, algo más de mes y medio. En este caso cabe tener en cuenta que Castilla-La Mancha ha reducido sus periodos medios de pago un 13%, pasando de los 54 a los 47 días.
Diputaciones
Por otro lado, en relación a las diputaciones de la región, ATA ha concretado que la de Ciudad Real es la que mejor paga, en 29 días; seguida de la de Albacete en 30 días, que además ha reducido el tiempo de espera en 12 días con respecto a 2016; Guadalajara en 36, Cuenca en 37 y la de Toledo, con un plazo medio de 48 días.
Desde ATA destacan que por normal general las diputaciones suelen pagar en tiempo y forma los servicios realizados por sus proveedores. Únicamente cuatro están fuera del plazo de 60 días que establecen tanto la ley de morosidad como la directiva europea de lucha contra la morosidad: los cabildos insulares de La Palma, El Hierro y Lanzarote, junto con la diputación provincial de Cádiz.
