Se hacen pasar por Iberdrola y consiguen casi 6.500 euros de un negocio de Albacete: una sola llamada y 15 minutos de plazo

Los estafadores se hicieron pasar por representantes de Iberdrola y amenazaron con cortar el suministro eléctrico si no se abonaban tres supuestas facturas pendientes. Una mujer se enfrenta a un año y medio de prisión por facilitar la cuenta bancaria en la que terminó el dinero

Una llamada telefónica, una supuesta deuda con la compañía eléctrica y la amenaza de dejar sin suministro a un establecimiento hostelero de Albacete. Lo que parecía una gestión urgente para evitar un corte de luz terminó convirtiéndose en una importante pérdida económica para los responsables del negocio, que confiaron en las indicaciones recibidas y realizaron una transferencia bancaria para solucionar el problema. Sin embargo, detrás de aquella comunicación se escondía presuntamente una operación fraudulenta que ahora, seis años después, llega a los tribunales.

La Fiscalía Provincial de Albacete solicita un año y seis meses de prisión para una mujer acusada de participar en una estafa de 6.489,25 euros cometida contra un establecimiento hostelero de la capital. El juicio está señalado para este jueves, 5 de noviembre, en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Albacete, plaza 1, donde se examinará la supuesta participación de la acusada en el engaño y el destino que tuvo el dinero.

Una llamada a las 11:45 horas y una amenaza: pagar antes de las doce o quedarse sin luz

Los hechos se remontan al 10 de septiembre de 2020. Sobre las 11:45 horas de aquella mañana, la representante legal de una empresa propietaria de un hostal de Albacete recibió una llamada telefónica de un número cuyo titular no ha podido ser identificado.

Al otro lado de la línea, una persona se presentó como representante de Iberdrola y comunicó a la responsable del establecimiento que existía una deuda pendiente por el consumo eléctrico correspondiente a las tres últimas facturas.

La cantidad reclamada ascendía exactamente a 6.489,25 euros, una cifra considerable que el interlocutor exigió abonar de manera inmediata.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el supuesto representante de la compañía advirtió a la mujer de que, si no efectuaba el pago antes de las 12:00 horas de ese mismo día, procederían a cortar el suministro eléctrico del establecimiento.

La comunicación se produjo cuando apenas quedaban quince minutos para la hora límite que le habían impuesto, lo que habría contribuido a generar una situación de urgencia para la responsable del negocio.

El objetivo del engaño era conseguir que la víctima efectuara el pago sin disponer de tiempo suficiente para comprobar si las facturas existían realmente o si la llamada procedía de su compañía eléctrica.

Una transferencia de 6.489 euros para evitar el supuesto corte de suministro

Ante la posibilidad de que el establecimiento se quedara sin electricidad, la responsable del negocio confió en la información que acababa de recibir.

La Fiscalía sostiene que, convencida de la existencia de aquella deuda y con la intención de evitar los perjuicios que ocasionaría un corte del suministro, accedió a realizar una transferencia por la totalidad del importe reclamado.

Para ello, el interlocutor le facilitó un número de cuenta bancaria al que debía enviar el dinero. La mujer siguió las instrucciones y transfirió los 6.489,25 euros, creyendo que de esta manera estaba regularizando las facturas pendientes del establecimiento.

Sin embargo, la cuenta bancaria no pertenecía a la compañía eléctrica, sino a la mujer que ahora se enfrenta al procedimiento judicial.

El escrito de acusación atribuye a la procesada haber facilitado esa cuenta como parte de una actuación concertada con la persona que realizó la llamada y con otros individuos que no han podido ser identificados.

La Fiscalía considera que existió una actuación coordinada para conseguir que la perjudicada entregara el dinero mediante engaño, aprovechando la preocupación por la posibilidad de quedarse sin suministro eléctrico.

El dinero terminó repartido mediante varias operaciones bancarias

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el destino que habría tenido el dinero una vez recibido en la cuenta bancaria de la acusada.

Según la Fiscalía, la mujer, nacida en 1975 y sin antecedentes penales, actuó de común acuerdo con el autor de la llamada y otras personas no identificadas, con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito.

La acusación sostiene que, tras recibir la transferencia de la responsable del hostal, dispuso del dinero mediante diferentes operaciones bancarias.

En concreto, describe dos transferencias de 901,25 euros cada una, en las que figuraba como concepto la expresión «residencia mamá».

También recoge un tercer movimiento, consistente en un traspaso de 4.400 euros, cuyo destino no ha podido determinarse.

Estas operaciones constituyen parte de los elementos en los que se apoya la Fiscalía para atribuir a la procesada una participación necesaria en el supuesto engaño.

El Ministerio Fiscal no sostiene que fuera ella quien telefoneó directamente al establecimiento. Su acusación se centra en que habría facilitado la cuenta bancaria para recibir los fondos y participado posteriormente en su disposición.

Un año y medio de prisión por su presunta participación en la estafa

El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de estafa, por el que atribuye a la acusada la condición de cooperadora necesaria.

Esta calificación significa que, según la acusación, su intervención habría resultado esencial para que pudiera consumarse el delito, aunque no fuera necesariamente la persona que mantuvo la conversación telefónica con la víctima.

Por ello, solicita un año y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

La Fiscalía también reclama que la acusada indemnice a la persona perjudicada con 6.489,25 euros, correspondientes a la totalidad del dinero transferido, más los intereses legales.

Para acreditar los hechos, el Ministerio Fiscal propone diferentes pruebas, entre ellas la declaración de la acusada, el testimonio de la perjudicada y la comparecencia de dos agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación.

También solicita que se examine la documentación bancaria incorporada al procedimiento, incluida una copia de la transferencia, los extractos de la cuenta receptora y la información facilitada por BBVA.

Una modalidad de estafa basada en el miedo a quedarse sin electricidad

El caso refleja una modalidad de fraude telefónico que se apoya en la suplantación de identidad de una compañía eléctrica para conseguir pagos inmediatos.

En este procedimiento, los supuestos estafadores recurrieron a tres elementos concretos: la apariencia de actuar en nombre de una empresa suministradora conocida, la comunicación de una deuda por varias facturas y la amenaza de cortar la electricidad en un plazo de apenas quince minutos.

La urgencia desempeñó un papel determinante en el relato de la Fiscalía, ya que la perjudicada habría realizado la transferencia para evitar las consecuencias que tendría la interrupción del suministro en un establecimiento abierto al público.

Conviene recordar que una reclamación económica recibida por teléfono debe comprobarse siempre a través de los canales oficiales de la compañía antes de realizar cualquier transferencia, especialmente cuando el interlocutor exige un pago inmediato bajo amenaza de suspensión del servicio.

El procedimiento judicial permitirá determinar si la mujer acusada participó conscientemente en el engaño y si debe responder penal y económicamente por los 6.489,25 euros que salieron de la cuenta de la perjudicada.

El juicio se celebrará este jueves en Albacete, seis años después de unos hechos que comenzaron con una llamada telefónica de apenas unos minutos y terminaron con una transferencia de casi 6.500 euros a una cuenta bancaria ajena a la compañía eléctrica. La acusada mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución judicial.

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Javier Romero

Director y fundador de El Digital de Albacete. Nacido en Albacete. Más de 15 años de experiencia en medios de comunicación en radio, televisión y prensa digital, como Intereconomía radio, Cadena SER, Punto Radio, ABTeVe y VOZ Castilla-La Mancha.
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