Una inspección de trabajo realizada en una carpa de la Feria de Albacete terminó convirtiéndose en un serio problema económico para un trabajador autónomo dedicado a la fontanería, la instalación de calefacción y los sistemas de aire acondicionado. La presencia de un joven con una camiseta roja, su salida del recinto y las explicaciones que ofreció el profesional a los inspectores desencadenaron un procedimiento sancionador que acabó con una multa de 12.001 euros.
El autónomo negó haber cometido ninguna infracción y recurrió la decisión administrativa al considerar que se le estaba responsabilizando de una situación que no podía controlar. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete mantuvo, sin embargo, que había obstaculizado sus labores de comprobación al no facilitar la identidad de una persona que se encontraba en el recinto.
El enfrentamiento terminó en los tribunales, donde se examinó qué sucedió durante aquella visita y si existían pruebas suficientes para atribuir al trabajador una conducta obstructiva. La resolución judicial, dictada el 15 de julio de 2026, ha terminado dando la razón al autónomo y anulando íntegramente la sanción de 12.001 euros.
Un joven con camiseta roja y unos alicates durante la inspección
Los hechos se remontan a una actuación de la Inspección de Trabajo en una carpa vinculada a la Feria de Albacete. En el recinto se encontraban diferentes profesionales que participaban en los trabajos de montaje y acondicionamiento de las instalaciones.
Cuando los inspectores accedieron al lugar observaron, detrás de una barra situada a la izquierda de la entrada, al trabajador autónomo que posteriormente resultaría sancionado y a un joven vestido con una camiseta roja.
Después de que los funcionarios se identificaran, el muchacho salió de detrás de la barra, se agachó en la zona central de la carpa y comenzó a efectuar una operación utilizando unos alicates.
Mientras los inspectores realizaban sus comprobaciones sobre las personas presentes en el recinto, observaron que el autónomo se acercaba al joven y que ambos se dirigían hacia la parte posterior de las instalaciones.
Aproximadamente un minuto después, el fontanero regresó a la zona delantera, pero el muchacho no lo hizo. Según el acta de Inspección, el joven abandonó la carpa por su parte posterior. Esta secuencia de acontecimientos fue el origen de la sanción.
Los inspectores le pidieron que identificara al joven
Tras comprobar que el muchacho había abandonado el recinto, los funcionarios preguntaron al autónomo por su identidad y por la relación que mantenía con él.
El profesional explicó que trabajaba por cuenta propia en el sector de la fontanería y las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. También manifestó que desconocía quién era aquel joven y que posiblemente se tratara de un trabajador que prestaba servicios en otra carpa cercana.
Los inspectores le requirieron entonces que contactara con el muchacho para que pudiera ser identificado. Además, le advirtieron verbalmente de que podría ser sancionado por obstrucción a la labor inspectora si no facilitaba los datos solicitados.
El autónomo insistió en que no disponía del contacto de aquella persona y que, por tanto, no podía localizarla.
Posteriormente se requirió que el joven compareciera ante la Inspección con su documentación identificativa, pero no llegó a presentarse y tampoco pudo acreditarse su identidad a través del profesional investigado.
La Inspección interpretó lo sucedido como una actuación dirigida a impedir que los funcionarios realizaran correctamente sus comprobaciones.
Una infracción muy grave castigada con 12.001 euros
El 7 de febrero de 2023, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete extendió un acta de infracción contra el autónomo y propuso imponerle una sanción de 12.001 euros.
La conducta fue calificada como una infracción muy grave por obstrucción a la labor inspectora, conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La normativa contempla, entre otras conductas sancionables, la negativa a identificar a personas que se encuentren realizando actividades dentro de un centro de trabajo cuando esa negativa impida el desarrollo de la inspección.
El trabajador presentó alegaciones el 28 de marzo de 2023, pero estas no prosperaron. La Inspección confirmó la sanción mediante una resolución dictada el 29 de junio de aquel año.
Posteriormente, el autónomo interpuso un recurso de alzada el 8 de agosto de 2023. La falta de respuesta expresa dio lugar a su desestimación por silencio administrativo, lo que le permitió acudir a la vía judicial.
El autónomo no era propietario de la carpa ni tenía trabajadores contratados
Uno de los aspectos determinantes del procedimiento fue la situación laboral del profesional sancionado.
El tribunal constató que el fontanero no era propietario del recinto donde se produjo la inspección. Había sido contratado por el responsable de la carpa para realizar determinados trabajos correspondientes a su actividad profesional.
También quedó acreditado que el autónomo no tenía contratada ni dada de alta a ninguna otra persona.
Durante la preparación de las instalaciones de la Feria era habitual que coincidieran trabajadores de diferentes especialidades y empresas. Además, según las declaraciones examinadas durante el juicio, los profesionales que prestaban servicios en las carpas cercanas podían desplazarse entre ellas para solicitar herramientas, materiales o ayuda puntual.
Esta circunstancia resultó especialmente importante para valorar la explicación del autónomo, que había manifestado que el joven con camiseta roja posiblemente trabajaba en otro establecimiento próximo.
El juez consideró que la presencia de ambos en el mismo espacio y el hecho de que se dirigieran durante unos instantes hacia la parte posterior de la carpa no demostraban necesariamente que se conocieran ni que existiera una relación laboral entre ellos.
La Inspección no preguntó al propietario de la carpa
La resolución judicial destaca varias comprobaciones que los funcionarios pudieron haber realizado antes de considerar acreditada una conducta obstructiva.
Una de las más relevantes es que la Inspección no preguntó al propietario del recinto por la identidad del muchacho, pese a que era la persona responsable del centro de trabajo donde se estaba desarrollando la actividad.
Tampoco consta que le preguntaran si había contratado únicamente al fontanero autónomo o si este había acudido acompañado de algún trabajador en otras ocasiones.
Del mismo modo, el acta no recogía comprobaciones realizadas con otros profesionales presentes en el recinto ni actuaciones adicionales destinadas a determinar quién era el joven o para quién trabajaba.
El magistrado considera especialmente relevante esta ausencia de verificaciones porque existían diferentes posibilidades para explicar lo sucedido y la Inspección tenía medios a su alcance para intentar confirmar su hipótesis.
La sanción, por tanto, no se apoyaba en una prueba directa de que el autónomo conociera al muchacho y se negara deliberadamente a identificarlo, sino en una deducción extraída de los movimientos que ambos habían realizado durante la visita.
La Justicia distingue entre lo que vieron los inspectores y lo que dedujeron
La resolución explica que las actas de la Inspección de Trabajo gozan de presunción de certeza respecto de los hechos directamente constatados por los funcionarios.
Sin embargo, esta presunción no se extiende automáticamente a las interpretaciones, conjeturas o conclusiones que puedan extraerse de aquellos hechos.
En este procedimiento, el juez no cuestiona que los inspectores vieran al joven detrás de la barra, que llevara unos alicates, que coincidiera con el autónomo o que abandonara posteriormente el recinto.
Lo que rechaza es que esa secuencia permita afirmar, sin otras pruebas, que el profesional conocía necesariamente la identidad del muchacho y que estaba intentando impedir su identificación.
La coincidencia entre dos personas en un espacio donde trabajan numerosos profesionales puede tener diferentes explicaciones. Para el tribunal, la interpretación sancionadora no podía imponerse automáticamente sobre otras posibilidades compatibles con una actuación legítima.
El magistrado también subraya que el fontanero no era el responsable del centro de trabajo, sino un profesional externo contratado para realizar una tarea concreta. Por ello, no podía presumirse que conociera a todas las personas que entraban, salían o desarrollaban actividades en la carpa.
La presunción de inocencia, decisiva para anular la multa
El tribunal dedica una parte importante de su razonamiento a recordar que la potestad sancionadora de la Administración debe respetar la presunción de inocencia.
Esto significa que la imposición de una multa exige acreditar suficientemente la conducta infractora y que no basta con una interpretación de hechos ambiguos cuando existen otras explicaciones razonables.
El juez considera que la Inspección había construido su acusación a partir de indicios insuficientes, sin realizar otras comprobaciones que podían haber servido para determinar si existía realmente una obstrucción deliberada.
La resolución también rechaza varios de los argumentos formales utilizados por la defensa, relacionados con la notificación de la sanción, la competencia administrativa y la tramitación del expediente.
No obstante, estima la demanda por una cuestión de fondo: no quedó acreditado que el trabajador hubiera cometido la infracción que se le atribuía.
El magistrado considera que no puede imponerse una sanción de semejante cuantía cuando los hechos observados admiten explicaciones compatibles con la legalidad y no se ha demostrado la conducta obstructiva.
El Ministerio de Trabajo pierde el procedimiento judicial
La resolución del Juzgado de lo Social Número 3 de Albacete, actualmente integrado en la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, estima la demanda presentada por el autónomo frente al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Como consecuencia, declara nulas tanto la resolución administrativa que confirmó la sanción como la desestimación posterior del recurso de alzada.
La decisión judicial deja sin efecto la multa de 12.001 euros que se había impuesto por la supuesta obstrucción a las labores de la Inspección de Trabajo.
La sentencia, fechada el 15 de julio de 2026, no es necesariamente firme, ya que contra ella cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. No consta en la resolución examinada si se ha presentado posteriormente ese recurso.
El caso muestra la importancia de distinguir entre los hechos observados durante una inspección y las conclusiones que pueden extraerse de ellos. La Justicia no cuestiona las facultades de la Inspección de Trabajo para identificar a quienes desarrollan actividades profesionales, pero establece que una sospecha no basta para sancionar a un autónomo por una infracción muy grave cuando no existen pruebas suficientes de su responsabilidad.

