La Justicia ordena desalojar una vivienda ocupada en Albacete: toma una decisión contundente contra su ocupante

La Audiencia Provincial de Albacete confirma la obligación de abandonar el inmueble y entregar su posesión al propietario. El tribunal considera que la situación de vulnerabilidad alegada no permite aplicar la suspensión extraordinaria del desalojo y aprecia temeridad en el recurso presentado por el ocupante

La ocupación de una vivienda en Albacete ha desembocado en una resolución judicial especialmente contundente para la persona que residía en su interior sin disponer de un título que justificara su permanencia. El ocupante intentó evitar el desalojo alegando que su familia atravesaba una situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, pero sus argumentos no han prosperado ante la Justicia.

El procedimiento, iniciado por el propietario del inmueble, ha llegado hasta la Audiencia Provincial de Albacete después de que el ocupante recurriera la decisión del juzgado que le obligaba a abandonar la vivienda. Los magistrados han confirmado la orden de desalojo y han adoptado, además, una decisión sobre el comportamiento procesal del recurrente que puede tener importantes consecuencias económicas.

Ocupaba la vivienda sin autorización y alegaba una situación de extrema necesidad

El conflicto comenzó cuando el propietario de una vivienda situada en Albacete acudió a los tribunales para recuperar su posesión. En su demanda sostuvo que el inmueble había sido ocupado ilegalmente y solicitó que se ordenara su devolución mediante el procedimiento previsto para la tutela de la posesión.

Durante la tramitación judicial quedó acreditada la titularidad de la vivienda por parte del demandante. El propio ocupante reconoció, además, que residía en el inmueble sin disponer de ningún título que legitimara su permanencia, aunque justificó su situación por las dificultades económicas y personales que atravesaba su familia.

La defensa del demandado no centró sus argumentos en discutir la propiedad del inmueble ni en presentar un contrato que le permitiera permanecer en él. Su pretensión consistió fundamentalmente en solicitar la suspensión del procedimiento o del lanzamiento, amparándose en las medidas extraordinarias aprobadas para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, invocó el régimen de suspensión contemplado en el Real Decreto-ley 11/2020, una normativa que introdujo determinadas medidas de protección residencial. Sin embargo, su aplicación está condicionada al cumplimiento de unos requisitos que, según el órgano judicial, no concurrían en este caso.

El juzgado ordenó el desalojo de la vivienda de Albacete

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Albacete resolvió el procedimiento mediante una sentencia dictada el 17 de enero de 2025. La resolución estimó la demanda del propietario y condenó al ocupante a desalojar la vivienda, con entrega inmediata de su posesión a su legítimo titular.

El juzgado también impuso al demandado las costas procesales. Consideró que, una vez acreditada la propiedad del inmueble y reconocida la ausencia de un título válido por parte del ocupante, concurrían los presupuestos legales para estimar la reclamación.

La resolución examinó igualmente la petición de suspensión formulada por el demandado. El principal obstáculo se encontraba en las características de la propiedad, ya que la medida extraordinaria invocada exigía que la vivienda perteneciera a una persona jurídica o a una persona física titular de más de diez viviendas, circunstancia que no concurría en el procedimiento.

Por tanto, el juzgado entendió que la situación de necesidad alegada por el ocupante no resultaba suficiente, por sí sola, para impedir que el propietario recuperara el inmueble a través de la vía judicial correspondiente.

Recurrió alegando el derecho a una vivienda digna y la vulnerabilidad de su familia

Disconforme con esta decisión, el ocupante presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Albacete. Su defensa sostuvo que la sentencia había incurrido en un error al valorar la situación de vulnerabilidad familiar, que consideraba suficientemente acreditada.

También argumentó que no se había realizado una ponderación adecuada entre los derechos fundamentales en juego. En particular, defendió que debía analizarse el derecho de propiedad del demandante frente al derecho a una vivienda digna del ocupante y su familia, teniendo en cuenta las circunstancias de necesidad que atravesaban.

La representación del recurrente planteó asimismo una interpretación más amplia de la normativa extraordinaria sobre suspensión de lanzamientos. A su juicio, todas las personas en situación de vulnerabilidad deberían recibir una protección equivalente, independientemente de que el inmueble ocupado perteneciera a un gran tenedor o a otro tipo de propietario.

Con estos argumentos, la defensa pretendía que la Audiencia revisara la resolución inicial y admitiera la protección residencial que había sido rechazada por el juzgado.

La Audiencia Provincial rechaza que la vulnerabilidad permita suspender el desalojo en este caso

La Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado el recurso mediante una resolución fechada el 17 de septiembre de 2026. Los magistrados consideran correcta la decisión del juzgado y entienden que los argumentos presentados por el ocupante no permiten modificar la orden de desalojo.

El tribunal destaca que la regulación invocada exige expresamente, además de la situación de vulnerabilidad, unas determinadas condiciones relacionadas con la titularidad de la vivienda. La norma no permite extender automáticamente sus efectos a cualquier inmueble ocupado sin autorización.

En este sentido, los magistrados recuerdan que, para acordar la suspensión extraordinaria prevista en el precepto invocado, es necesario que la propiedad corresponda a una persona jurídica o a una persona física titular de más de diez viviendas.

La Audiencia subraya que se trata de una exigencia legal y no de una circunstancia que el juez pueda valorar libremente según las particularidades de cada familia. Por ello, concluye que no procede aplicar una suspensión extraordinaria cuando no se cumplen todos los requisitos establecidos.

Esta conclusión no supone que el tribunal niegue necesariamente las dificultades económicas o familiares alegadas por el ocupante. Lo que establece es que esas circunstancias, aun cuando concurran, no bastan para aplicar una medida excepcional si falta otra de las condiciones exigidas por la ley.

Así, queda confirmada la decisión que obliga al demandado a abandonar la vivienda de Albacete y entregar su posesión al propietario.

Una decisión judicial especialmente dura por la forma de recurrir

La resolución incluye un pronunciamiento adicional que va más allá de la confirmación del desalojo. La Audiencia Provincial considera que el recurso presentado por el ocupante carecía de fundamento suficiente y aprecia expresamente temeridad en su actuación procesal.

Los magistrados señalan que el recurrente había mantenido una pretensión que consideran insostenible frente a una decisión inicial coherente con los hechos acreditados y con la normativa aplicable.

Esta valoración tiene consecuencias directas sobre las costas judiciales. El tribunal condena al ocupante a pagar las costas de la apelación y declara que su actuación constituye un abuso del derecho a utilizar la asistencia jurídica gratuita.

La decisión resulta especialmente relevante porque la Audiencia no se limita a rechazar las alegaciones del demandado. Considera que la utilización del recurso, en las circunstancias concretas del procedimiento, justifica la aplicación de las consecuencias previstas legalmente para los supuestos de temeridad.

Revocación de la asistencia jurídica gratuita y obligación de asumir los gastos

La Audiencia Provincial acuerda revocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita que el recurrente tuviera reconocido para esta apelación. La precisión es importante: la resolución se refiere expresamente al beneficio que, en su caso, se le hubiera concedido para tramitar este recurso, sin establecer una pérdida general de ese derecho para cualquier otro procedimiento.

En aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el tribunal dispone que el ocupante deberá asumir los gastos y costas procesales devengados a su instancia durante la apelación en los términos legalmente previstos.

Además, ordena comunicar la revocación a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, organismo competente para los efectos correspondientes de esa decisión.

De esta manera, el recurso con el que el ocupante pretendía evitar el desalojo no solo ha fracasado, sino que ha terminado con una declaración judicial de temeridad y con la imposición de consecuencias económicas adicionales.

La Audiencia Provincial confirma así la obligación de abandonar la vivienda, mantiene el derecho del propietario a recuperar su posesión y deja claro que la vulnerabilidad familiar no permite suspender automáticamente un lanzamiento cuando no se reúnen los requisitos establecidos por la normativa extraordinaria.

La resolución admite la posibilidad de interponer los recursos extraordinarios previstos legalmente, por lo que la sentencia de apelación no debe presentarse como definitivamente firme. Tampoco consta en ella que el lanzamiento se haya ejecutado materialmente, sino que la Justicia ha confirmado la orden de desalojo y las consecuencias procesales impuestas al ocupante.

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Javier Romero

Director y fundador de El Digital de Albacete. Nacido en Albacete. Más de 15 años de experiencia en medios de comunicación en radio, televisión y prensa digital, como Intereconomía radio, Cadena SER, Punto Radio, ABTeVe y VOZ Castilla-La Mancha.
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