El conflicto por la construcción de un nuevo supermercado en Hellín (Albacete) ha dado un nuevo giro y ha llegado a los tribunales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido recurrir la reserva profesional aplicada por el Ayuntamiento de Hellín, que exigía que el proyecto técnico del establecimiento comercial estuviera firmado por un arquitecto, rechazando que pudiera asumirlo un ingeniero técnico industrial.
La decisión supone un nuevo capítulo de una controversia administrativa que El Digital de Albacete ya desveló el pasado 8 de octubre y que comenzó cuando el Ayuntamiento impidió la tramitación de la licencia de obra y actividad del supermercado al considerar que el profesional responsable del proyecto no reunía la titulación exigida.
La novedad es que Competencia ha pasado de cuestionar el criterio municipal a llevar el asunto ante la Justicia. Así lo recoge el organismo estatal en su balance de actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado correspondiente a septiembre de 2026, difundido oficialmente este miércoles, 28 de octubre.
La CNMC pidió al Ayuntamiento de Hellín que rectificara, pero no obtuvo respuesta
Antes de acudir a los tribunales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia intentó resolver el conflicto mediante un requerimiento dirigido al Ayuntamiento de Hellín.
El organismo solicitó al Consistorio que anulara la reserva profesional que impedía a los ingenieros técnicos industriales intervenir en la redacción de este tipo de proyectos. Sin embargo, según explica la CNMC, el requerimiento no obtuvo respuesta municipal.
Ante esta situación, Competencia ha decidido recurrir la exigencia aplicada por el Ayuntamiento, al considerar que puede constituir una limitación injustificada de la competencia entre profesionales.
La CNMC sostiene que los ingenieros técnicos industriales también pueden disponer de competencias para desarrollar proyectos de construcción de naves destinadas a supermercados y recuerda que las restricciones al ejercicio profesional deben estar justificadas por razones de necesidad y proporcionalidad.
El origen del conflicto: una licencia rechazada en marzo
La controversia comenzó el 10 de febrero de 2026, cuando el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Hellín requirió que el proyecto técnico presentado para construir una nave destinada a supermercado estuviera firmado por un arquitecto.
La documentación había sido elaborada por un ingeniero técnico industrial, una titulación que los servicios municipales no consideraban adecuada para asumir la redacción de un proyecto de estas características.
Al no atenderse el requerimiento, la Alcaldía dictó el 18 de marzo de 2026 la Resolución número 933, mediante la que inadmitió a trámite la solicitud de licencia de obra y actividad.
La decisión se apoyó en un informe de los Servicios Jurídicos municipales, fechado el 17 de marzo, que defendía que la construcción de una nueva nave destinada principalmente a una actividad comercial no encajaba en las competencias profesionales que el Ayuntamiento atribuía a los ingenieros técnicos industriales.
El Consistorio argumentó también que no se trataba de una sencilla adaptación de un establecimiento existente, sino de la construcción de un nuevo edificio, una circunstancia que consideraba relevante para determinar la titulación profesional exigible.
Competencia cuestiona la interpretación municipal
La decisión del Ayuntamiento motivó una reclamación presentada el 16 de abril ante la Secretaría para la Unidad de Mercado.
La parte reclamante consideraba que exigir exclusivamente la firma de un arquitecto suponía establecer una reserva de actividad injustificada, al impedir la participación de otros profesionales que podían contar con capacitación técnica suficiente.
Tras recibir la reclamación, la Secretaría para la Unidad de Mercado solicitó un informe a la CNMC, que aprobó su pronunciamiento el 4 de mayo de 2026.
El organismo examinó la legislación sobre atribuciones profesionales y las disposiciones de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, además de distintos pronunciamientos judiciales relacionados con las competencias de arquitectos e ingenieros.
Uno de los argumentos municipales consistía en que la afluencia de personas a un supermercado justificaba aplicar determinadas exigencias profesionales vinculadas a la construcción de edificios.
Sin embargo, la CNMC cuestionó esa interpretación y recordó que la normativa distingue entre las edificaciones de uso residencial y aquellas destinadas a actividades comerciales.
Para Competencia, la presencia de público en un supermercado no convierte automáticamente ese inmueble en una edificación residencial, por lo que la exigencia de una titulación concreta debe analizarse atendiendo a las características del proyecto y a las competencias legalmente reconocidas a los profesionales.
El conflicto pasa ahora a la vía judicial
La publicación del balance de septiembre de la CNMC introduce una novedad importante respecto a la situación conocida hasta ahora.
El organismo estatal ya había expresado su desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento, pero aquel pronunciamiento no suponía por sí mismo la anulación de la resolución municipal.
Posteriormente, Competencia requirió al Consistorio que eliminara la reserva profesional cuestionada. Al no recibir respuesta, decidió acudir a los tribunales.
Por tanto, la controversia ha dejado de limitarse al intercambio de criterios administrativos y ha pasado a una fase de impugnación judicial, en la que deberá resolverse la legalidad de la exigencia municipal si el procedimiento continúa hasta sentencia.
Un asunto con consecuencias para otros proyectos comerciales
El conflicto de Hellín plantea una cuestión que va más allá de la construcción de este supermercado: determinar qué profesionales pueden redactar y dirigir proyectos de naves destinadas a actividades comerciales.
La CNMC considera que las administraciones no deben establecer restricciones profesionales que excluyan a determinadas titulaciones sin una justificación suficiente, especialmente cuando los profesionales afectados pueden disponer de competencias técnicas para desarrollar los trabajos.
El organismo estatal ya había abordado situaciones semejantes en otros expedientes y mantiene que las reservas profesionales deben interpretarse conforme a la legislación aplicable, atendiendo a las características concretas de cada actuación.
En el caso de Hellín, la exigencia municipal impidió que avanzara la tramitación de la licencia solicitada, dando lugar primero a una reclamación administrativa y posteriormente a la intervención de Competencia.
La publicación del recurso constituye ahora un nuevo paso en una controversia que comenzó hace más de ocho meses y que todavía no cuenta con una resolución judicial conocida.
La decisión que finalmente adopten los tribunales podrá aclarar si el Ayuntamiento actuó conforme a Derecho al exigir la intervención de un arquitecto para el proyecto de construcción del supermercado, o si esa condición suponía una restricción profesional injustificada.

