La jueza del Juzgado de Instrucción nº 2 de Albacete ha decretado el archivo definitivo de la causa penal abierta contra el exjefe de la Policía Local de Albacete, Pascual Martínez Cuesta, tras más de seis años de proceso judicial.
La investigación, iniciada en 2018 a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPPL) y el entonces concejal no adscrito Pedro Soriano, giraba en torno a supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de uniformidad de la Policía Local en 2014. Sin embargo, el auto judicial no aprecia indicio alguno de delito ni perjuicio económico para el Ayuntamiento.
Una acusación sin base y con intencionalidad
La denuncia señalaba que la uniformidad adjudicada no cumplía con los requisitos del concurso público, apoyándose en aspectos menores como la forma de las hombreras o el bordado de las letras. No obstante, el contrato fue ejecutado conforme a la normativa y con resultados positivos, según se ha constatado en el expediente municipal.
En el proceso judicial, se omitieron inicialmente informes clave como el del Tribunal de Cuentas —que no encontró irregularidades— y el del Servicio de Seguridad del propio Ayuntamiento, que avalaba la contratación. Estos documentos fueron finalmente aportados por la defensa de Pascual Martínez, junto con informes técnicos de especialistas en Derecho Administrativo e Ingeniería Textil.
La resolución judicial concluye que no existió ninguna connivencia ni beneficio indebido en la adjudicación del contrato a la empresa Insignia, y descarta la existencia de prevaricación. La jueza señala además que no se ha acreditado perjuicio alguno para la administración local.
Un intento de descrédito personal y profesional
Desde la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) se considera que la denuncia fue parte de una estrategia deliberada para desacreditar a Pascual Martínez y forzar su salida como jefe del cuerpo, sin contar siquiera con el respaldo de la afiliación sindical.
Según Unijepol, este caso es un ejemplo de cómo determinados representantes sindicales o políticos utilizan los tribunales como herramienta de presión contra profesionales con trayectorias intachables, al servicio de intereses personales u ocultos.
Declaraciones y posibles acciones legales
Tras conocerse el archivo de la causa, Pascual Martínez ha agradecido el apoyo recibido durante estos años:
“Este archivo no solo representa justicia, sino que también desenmascara la mala fe de quienes me denunciaron. Han actuado de espaldas a sus afiliados, utilizando recursos sindicales para alimentar un proceso sin fundamento alguno”, ha señalado.
El gabinete jurídico de Martínez, junto con la asesoría legal de Unijepol, estudia ahora posibles acciones legales para exigir responsabilidades a los autores de la denuncia.
