Las cifras globales de criminalidad bajaron en Castilla-La Mancha en 2017, en torno a un 8 por ciento con respecto al año anterior, aunque se produjo un incremento de casi el 17 por ciento en los delitos contra la libertad sexual, que sumaron la cifra más alta de los últimos cinco años.
Son datos recogidos en la Memoria Anual de la Fiscalía de Castilla-La Mancha de 2017, que ha presentado hoy en la Comisión de Servicios Generales de las Cortes regionales el fiscal superior castellanomanchego, José Martínez, que en su comparecencia ha calificado de “muy preocupante” el incremento de los delitos contra la libertad sexual, que crecieron casi un 17 por ciento.
Este incremento supuso que el año pasado se registrara la cifra más alta de los últimos cinco años en este tipo de delitos, ha apuntado Martínez, que ha considerado “particularmente preocupante” el aumento “en lo que se refiere a las conductas que se proyectan sobre menores de 16 años”.
Martínez ha indicado que en el ámbito estadístico hubo un descenso general en las cifras globales de la criminalidad, es decir un ascenso en el número de los procedimientos penales ingresados por los órganos judiciales de Castilla-La Mancha en el año 2017
Así, se registró un descenso en las diligencias previas de un 8 por ciento, aunque fue inferior al descenso general en España que fue del 11 por ciento, ha puntualizado el fiscal superior.
Castilla-La Mancha en términos generales “es el espectro tranquilo del territorio español, es una de las zonas en la que la cifras de delincuencia son más bajas”, ha apuntado Martínez, aunque ha considero que “las cifras siguen siendo altas para una sociedad democrática”.
En 2017 se hicieron más de 7.000 escritos de calificación por parte de la Fiscalía y se dictaron 6.000 sentencias por delitos, que ha Martínez le parecen un número elevado de procedimientos “para una población de 2 millones de habitantes”.
Por ello, ha asegurado que “aunque podamos sentirnos razonablemente satisfechos seguiremos haciendo esfuerzos para que las cifras bajen”.
El año pasado descendieron las diligencias previas, “que vienen a ser una especie de registro general”, pero también los procedimientos abreviados por delitos graves y menos graves, el número de procedimientos por delitos leves, el número de escritos de calificación o acusación y además hubo un ligero descenso en las sentencias de conformidad.
En este ámbito, ha avanzado que como fiscal superior tiene intención de potenciar los mecanismos que faciliten las soluciones negociadas a los conflictos penales, para lo que se van a impulsar reuniones con los colegios de abogados de la región “para fomentar el contacto de jueces y fiscales en la búsqueda de soluciones que permitan evitar el juicio”.
Martínez ha señalado que la mayoría de los asuntos penales, cerca de un 75 por ciento, concluyen con una sentencia condenatoria y la mayor parte terminan siendo favorables a las tesis del ministerio fiscal y por ello entiende factible ampliar los ámbitos de la conformidad.
Asimismo ha detallado que hubo descenso de los delitos contra la vida, de homicidios dolosos e imprudentes, a pesar de que el año arrancó con unas cifras trágicas, por los asesinatos de Campo de Criptana y Damiel de mujeres víctimas de violencia de género
A su vez, los delitos de lesiones mantuvieron una tónica de estabilidad y se incrementaron “preocupantemente” los delitos contra la libertad sexual, mientras que descendieron de forma importante los delitos contra el patrimonio.
Los delitos contra el patrimonio ahora representan aproximadamente un 20 por ciento de los procedimientos penales, cuando hace unos años eran casi la mitad.
En cuanto al trabajo por especialidades, ha valorado el impulso que dio a la lucha contra la violencia de género, que se ha mantenido en 2018 con el nombramiento de un delegado autonómico en esta materia y ha explicado que hubo incremento en las demandas por incapacitación y relacionadas con la dependencia.
Dentro del ámbito organizativo, ha hecho hincapié en el “estancamiento” de las plantillas de las fiscalías de Castilla-La Mancha, que ha sido “remediado solo en parte por la aprobación puntual de planes de refuerzo”.
Aunque ha apuntado que, en contrapartida, hubo un importante avance en las infraestructuras, puesto que los nuevos edificios judiciales de Albacete y Guadalajara “caminan a buen ritmo”.
Por su parte, las portavoces de Podemos, PSOE y PP, María Díaz, Ana Isabel Abengózar y Ana Guarinos, respectivamente, han coincidido en particular en mostrar su preocupación por el incremento por los delitos contra la libertad sexual.
Al respecto, el fiscal superior ha puntualizado que las cifras no no significan en muchas ocasiones que aumenten los delitos sino que éstos están aflorando.
Y con respecto a los delitos contra la libertad sexual que afectan a menores, se ha mostrado partidario de enseñar a los adolescentes a desarrollar mecanismos de defensa ante chantajes, porque no saben actuar ante situaciones comprometidas y ceden ante las pretensiones de los acosadores.
