La Asociación de profesores Educación y Persona y la Federación España Educa en libertad han valorado este lunes que la nueva asignatura de Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad que, de forma experimental, se ha puesto en marcha en algunos centros de la Educación Infantil y Secundaria de Castilla-La Mancha “conculca los derechos de los padres y la doctrina del Tribunal Supremo” y “esconde un adoctrinamiento ideológico explícito”.
En un comunicado, Educación y Persona ha explicado que “bajo la intención de educar en la igualdad y la tolerancia –valores aceptables y aceptados por la sociedad en su conjunto–” el currículo de la asignatura, al que ha tenido acceso, “pretende inculcar en menores de 10 años un modo particular de entender la sexualidad y la afectividad” e “intenta adoctrinar en el modelo antropológico y ético de la ideología de género”.
En este sentido, ambos colectivos han destacado que el fundamento de la identidad sexual, de la orientación sexual, o el sentido que juega la sexualidad en el amor “son temas, todos ellos, que pertenece a la esfera de la conciencia y de las convicciones morales protegidas por el artículo 16.1” y que afecta igualmente al “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
“Las autoridades administrativas, por lo tanto, no tienen legitimidad para utilizar el sistema educativo como instrumento para inculcar un modo concreto de entender la sexualidad y la afectividad. Ni siquiera en el supuesto de proteger del bulling a las personas con diferentes opciones sexuales”.
Al respecto, han aludido a una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía del 15 de octubre de 2010, según la cual, “respetar la opción afectivo-sexual puede y debe ser exigido, pero compartir o asumir como positiva la opción afectivo-sexual de terceros ni puede ni debe ser exigido”.
Educación y Persona ha recordado en este punto que “ya se intentó llevar a cabo un proyecto ideológico en España que provocó una reacción social sin precedentes” con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, detrás de la cual “se escondía un adoctrinamiento que pretendía la construcción de la conciencia moral del alumno, inculcando el relativismo moral, la ideología de género y el positivismo jurídico”.
“El Tribunal Supremo, en aquella ocasión, sentenció que la vía adecuada para defender los derechos consagrados por la Constitución no era la objeción de conciencia pero, en cambio, dio la razón a los padres” al afirmar que aunque el deber jurídico de cursarla fuera válido no se autorizaba a la Administración educativa “a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”.
En definitiva, Educación y Persona y la Federación España Educa en Libertad han confiado en que “las autoridades actúen con responsabilidad y pongan todos los medios para defender los derechos consagrados por nuestra Constitución y explicitados por el Tribunal Supremo”, y han exigido la “eliminación del currículo de la asignatura de todos los elementos ideológicos que entran en colisión con la libertad de conciencia y con el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones morales o religiosas”.
