El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá romper sus contratos con las empresas adjudicatarias en el caso de que éstas no paguen a sus trabajadores por un tiempo mínimo de dos meses o en el caso de que el salario que les abone esté por debajo de lo estipulado en el convenio colectivo. También podrá hacerlo si descubre que las adjudicatarias tributan en paraísos fiscales.
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que en rueda de prensa ha dado cuenta de la instrucción aprobada por el Consejo de Gobierno de este martes sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del sector público regional, algo ha dicho que se aprueba por vez primera y sitúa a la castellano-manchega “a la vanguardia de las administraciones publicas en régimen de contratación”.
Ruiz Molina ha advertido de que el incumplimiento de cláusulas en ejecución de contrato puede desembocar en la resolución de los contratos que la Administración regional haya adjudicado o en la imposición de sanciones económicas, añadiendo que el Gobierno regional revisará cada tres meses que las referidas empresas cumplen con las instrucciones aprobadas este martes, que entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De igual modo, y tras precisar que estas cláusulas no tienen carácter retroactivo y se aplicarán en los nuevos contratos que firme la Administración regional, ha señalado que en esas contrataciones las empresas adjudicatarias tendrán que beneficiar a colectivos prioritarios, como a mujeres, jóvenes, parados de larga duración, personas con discapacidad o migrantes, entre otros.
Ruiz Molina ha explicado que el hecho de que una adjudicataria no pague a sus trabajadores durante dos o más meses o directamente deje de pagarles será causa de resolución del contrato de adjudicación, un extremo que ya ocurría y que la Administración regional no tenía modo de ejecutar.
También podrá romper ese contrato si las empresas pagan a sus trabajadores por debajo de lo que recoge el convenio colectivo del sector, si incumple sus obligaciones de dar de alta y pagar las cuotas de los empleados a la Seguridad Social o si no ha adoptado las medidas pertinentes en materia de seguridad e higiene laboral.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha agregado que en aquellos contratos en los que el componente económico sea el coste de la mano de obra el Gobierno regional se cerciorará, antes de adjudicarlo, de que en el presupuesto máximo de licitación se haya tenido en cuenta todos los costes salariales en función del convenio colectivo vigente.
Otro de los requisitos que exigirá el Gobierno regional a las empresas que se hagan con la explotación de servicios públicos es que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres a la hora de acceder a los empleos, a la clasificación profesional o a la promoción interna.
Así las cosas, las adjudicatarias tendrán que adoptar medidas para evitar el acoso sexual y de razón de género entre sus empleados y para favorecer la conciliación de vida laboral. También será obligatorio que establezcan la subrogación de los contratos respetando los derechos reconocidos.
Luego de agregar que en las contrataciones se establecerán también otro tipo de cláusulas de carácter voluntario, como la reutilización de envases o la recogida selectiva de residuos por parte de las empresas, Ruiz Molina ha manifestado la intención del Gobierno regional de reservar determinados contratos a centros especiales de empleo y empresas de instrucción.
Según el responsable de Administraciones Públicas, con la inclusión de estas cláusulas sociales en la adjudicación y ejecución de contratos públicos se mejora “la calidad, la eficacia y la eficiencia de la contratación publica a fin de dar estabilidad al empleo”.
