La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha difundido este martes la lista con los 18 ayuntamientos de toda España –entre ellos Yeste (Albacete), Mestanza (Ciudad Real), El Viso de San Juan y Gerindote (Toledo)– que llevan más de cien días incumpliendo su obligación de responder a los requerimientos que esta institución envía en su labor de velar por los derechos de los ciudadanos.
Becerril, que ha comparecido en el Pleno del Senado para presentar su informe anual 2015, ha incidido en que “esta denuncia también es parte de su función, evidenciar a las administraciones no colaboradoras, así como reflejar en rojo los tiempos que todas tardan en contestar”. En la actualidad, la Administración General del Estado no tiene ningún departamento no colaborador.
En el caso de estos 18 ayuntamientos, son los que han recibido hasta tres requerimientos de la institución sin haber respondido, como ocurre con los castellano-manchegos de Yeste (Albacete); Mestanza (Ciudad Real); El Viso de San Juan (Toledo) y Gerindote (Toledo), que lleva 368 días ignorando las demandas del Defensor del Pueblo en relación a la queja de un ciudadanos por la posible concesión irregular de una licencia urbanística.
Yeste, por su parte, recibió el tercer requerimiento de información hace 323 días, en relación a una queja en la que la interesada denunciaba que el consistorio no le había prestado los servicios acordados como contraprestación por la compra de unos terrenos en los que el ayuntamiento quería construir un camping de turismo.
En la misma situación se encuentran los ayuntamientos castellano leoneses de La Pola de Gordón y Santa María del Páramo (León); Barruelo de Santullán (Palencia) y Montemayor del Río (Salamanca). El Defensor del Pueblo espera desde hace 522 días la respuesta del consistorio palentino, por un asunto relacionado con el mal estado de una carretera local.
Los ayuntamientos andaluces de Macael (Almería); Molvizar (Granada) y Nerja (Málaga) llevan también más de un centenar de días sin responder a la Institución. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos murcianos de La Unión, Mazarrón y Totana. Molvizar recibió el último requerimiento hace 308 días, en el trámite de una queja presentada por un ciudadano que denunció unas obras y al que el Ayuntamiento no atendió.
En Cataluña, los ayuntamientos de Arenys de Mar (Barcelona) y de Cadaqués (Girona) no contestan al Defensor del Pueblo desde hace 427 días y 215 días, respectivamente. El caso de Arenys fue puesto por la institución en manos de la Fiscalía a principios de año, ya que después de “tres requerimientos por escrito” y de “tres llamadas telefónicas”, personal del gabinete de la alcaldía comunicó a la Defensora que “el alcalde no tiene intención de contestar la sugerencia formulada”.
El Defensor del Pueblo, a raíz de la queja presentada por un ciudadano, formuló una sugerencia dirigida al alcalde de Arenys de Mar el 30 de abril de 2014, para que se cumpliese en todos los edificios y establecimientos dependientes de ese Ayuntamiento lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 39/1981, sobre el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas.
Por otra parte, el Ayuntamiento madrileño de Colmenar de Oreja no contesta desde hace 258 días y en el Principado de Asturias ocurre lo mismo con el consistorio de Pola de Allande, que suma 216 días sin contestar al último requerimiento de información enviado por la Institución.
“El Defensor del Pueblo recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la información solicitada. En caso de no colaborar, el Defensor del Pueblo puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece la Ley Orgánica que regula la Institución”, recuerda el departamento que dirige Soledad Becerril.
