La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha convocado la Mesa de Coordinación de la Oficina de Atención a Personas Refugiadas del Gobierno de Castilla-La Mancha (ORAPR) que tendrá lugar el 17 de marzo, con el objetivo de analizar el registro de recursos de acogida en la región, tras el anuncio por parte del Gobierno de España de la llegada de un contingente de 450 personas refugiadas.
La consejera informará a los miembros de la Mesa de Coordinación del contenido del manifiesto suscrito por once gobiernos de comunidades autónomas, en el que exigen al Gobierno de España un cambio en las políticas de acogida y mayor coordinación con los ejecutivos de las comunidades autónomas que deben prestar servicios a las personas refugiadas, como vivienda, educación, sanidad y servicios sociales.
Al mismo tiempo piden a las instituciones europeas y a los gobiernos de los estados miembros una “mayor implicación” a la hora de atender a las personas que se están viendo desplazadas por conflictos bélicos y exigen el “desbloqueo de los procedimientos” que permita la llegada segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Los gobierno de las comunidades autónomas firmantes reclaman al Gobierno de España “que ponga en marcha los medios económicos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados” permitiendo la participación de éstas en la distribución de los recursos económicos de la Unión Europea y del Estado destinados a la atención a estas personas.
Además de reiterar su disposición a colaborar en la acogida y la integración social de las personas refugiadas, piden unos criterios de distribución geográfica “objetivos, homogéneos y consensuados”, tanto para la reubicación de las personas que acceden directamente a territorio europeo, como de aquellas procedentes de los reasentamientos de los campos de refugiados en las zonas afectadas y países limítrofes.
Para ello exigen la convocatoria con “carácter de urgencia” de la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar de forma conjunta esta cuestión e instan al presidente del Congreso de los Diputados a que “proponga la constitución de una subcomisión para debatir un nuevo modelo en las políticas de asilo y refugio”, que debe “incorporar a las CCAA para su definición y desarrollo”.
ACTUACIONES EN CASTILLA-LA MANCHA
El pasado 3 de noviembre se reunió la comisión de trabajo de la mesa de coordinación de la ORAPR con el objetivo de establecer el mapa de recursos y servicios que entidades, ayuntamientos y personas particulares han puesto a disposición de la oficina regional, que ascienden a 61 ofrecimientos.
La reunión de trabajo avanzó en la coordinación entre los actores implicados más directamente en la atención a las personas refugiadas, como son las entidades ACCEM, Cruz Roja, EAPN, Cáritas, FEMP CLM y representantes de las cinco diputaciones provinciales.
Durante la reunión se explicó el funcionamiento de la Oficina Regional de Atención a Personas Refugiadas y como se están recabando los datos para la configuración del mapa de recursos.
