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Elena de la Cruz, consejera de Fomento,

Castilla-La Mancha ultima los informes para interponer los recursos contra planes de cuenca del Júcar, Segura, Tajo y Guadiana

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 El Gobierno de Castilla-La Mancha «está ultimando informes» para la interposición del recurso contencioso-administrativo –ya anunciado– contra los planes de cuenca del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana ante el Tribunal Supremo.

   Así lo ha indicado este jueves la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, durante el debate general presentado por el PSOE sobre la situación general de la política de agua en la región, donde ha incidido en la «situación de indefensión» del Ejecutivo autonómico al respecto.

   Además, ha recordado que el Gobierno regional prepara un recurso contra el último trasvase de 10 hectómetros cúbicos, y una queja ante la Unión Europea por entender que las órdenes de aprobación de los trasvases como reglas de explotación «podrían suponer vulneración de la directiva marco de agua y de hábitats».

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   De la Cruz, que ha dado la bienvenida al debate a los máximos representantes de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, ha recalcado que Castilla-La Mancha se juega en materia hídrica «más que un mayor o menor desarrollo económico, aunque esto sea muy importante. Nos estamos jugando la supervivencia», ha subrayado.

DEPURACIÓN

   La consejera, que ha deseado que Castilla-La Mancha tuviera mar porque «estaría construyendo depuradoras», también se ha referido a la «parálisis» que ha habido en materia de abastecimiento durante los últimos cuatro años, en los que el PP «se ha limitado a inaugurar depuradoras ya en marcha o casi ejecutadas en 2011», perdiendo fondos Feder «de forma irremediable» al paralizar los proyectos de un centenar de ellas.

   «Vamos a salir de la situación de parálisis en la que nos encontrábamos en materia de depuración, acometer obras de depuración, priorizando en función de las necesidades existentes y de las disponibilidades presupuestarias, incluidos los fondos Feder; hablaremos con los ayuntamientos para encontrar la manera más eficaz de avanzar en esta tarea», ha detallado la consejera.

   De la Cruz también se ha referido a «problemas heredados» como la conducción desde el embalse madrileño de Picadas hasta la potabilizadora, que se encuentra «en mal estado» y ya se produjo hace un año una rotura dejando desestablecido todo el sistema, siendo responsabilidad del Estado una obra que discurre por dos regiones.

   En este sentido, el Ejecutivo ha comunicado con la Confederación Hidrográfica del Tajo para que se desdoble la conducción, «sin haber obtenido respuesta satisfactoria», explicando que «cualquier nueva rotura de conducción dejaría sin suministro de agua a más de 300.000 personas de la provincia de Toledo».

   Igualmente, De la Cruz ha hablado de la obra de los embalses ribereños, que debería haber estado terminada en 2014 y lleva «un enorme retraso», y ha adelantado que se están manteniendo reuniones con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para la puesta en marcha de la conducción de Alcorlo y la potabilizadora de la Mancomunidad, a fin de dar garantía a los 400.000 habitantes que dependen de este sistema.

DIÁLOGO INTERTERRITORIAL

   A continuación, el diputado de Podemos David Llorente se ha referido también a la revisión de los planes hidrológicos que ha llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, quien «debe estar en funciones solo para algunas cosas», argumentando, entre otros, motivos ecológicos, legales y procedimentales para rechazar estos planes.

   Llorente, que ha abogado por la participación y el diálogo interterritorial, ha avanzado el apoyo de su formación en favor de la resolución del PSOE, pero ha añadido que el Gobierno regional «no puede eludir sus responsabilidades dentro de su ámbito competencial» y que «es necesario impulsar otro modelo de agricultura, no basada en la extensión ilimitada de regadío».

   El socialista Emilio Sáez ha mostrado el apoyo de su grupo al recurso ante el Tribunal Supremo «para que el Gobierno llegue hasta donde tenga que llegar» y para que recurra «ante las instancias donde estime pertinentes», defendiendo la necesidad de «poner sensatez, rigor y, en la medida de lo posible, consenso» en torno al agua.

   En este sentido, Sáez ha pedido al Grupo Popular que «intente votar a favor de los intereses de los castellano-manchegos en materia hídrica», apoyando la resolución socialista, y ha criticado que la del PP es como una «patada pa’lante», pidiendo un acuerdo nacional y exigiendo al Ejecutivo regional que acometa las infraestructuras necesarias.

PP: «FRACASO CON MAYÚSCULAS»

   La diputada del Partido Popular, Ana Guarinos, ha incidido en el «fracaso con mayúsculas a la hora de aportar un solo litro de agua en esta región» en el que ha incurrido el PSOE, destacando que «tuvo que ser el Gobierno del PP en España el que empezara a defender el tajo en Castilla-La Mancha, porque el PSOE ni lo ha defendido ni lo defendió ni lo va a defender».

   Guarinos, que ha mostrado varios gráficos para incidir en que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, es la que «ha garantizado 400 hectómetros cúbicos» en la cabecera del Tajo, mientras el PSOE «cero», ha advertido de que esta región tiene ahora un «presidente de secano que jamás en la vida ha logrado conseguir un solo hectómetro cúbico de agua».

   El debate de este punto se ha cerrado con la aprobación de la resolución del PSOE –apoyada por Podemos– que apoya la decisión del Ejecutivo castellano-manchego de recurrir ante los tribunales el Real Decreto que aprueba la revisión de los cuatro planes hidrológicos que afectan a la región e instan al Gobierno a solicitar al Ministerio «una mayor presencia en los foros y órganos de dirección de las demarcaciones hidrográficas».

   Por el contrario, se ha rechazado, con los votos de socialistas y Podemos, la resolución de los ‘populares’, que instaba a la Junta «a ponerse a trabajar conjuntamente con el Gobierno de España en la planificación hidrológica en tramitación, poniendo fin a las confrontaciones oportunistas e interesadas».

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