El sindicato de enseñanza ANPE ha diseñado una estrategia legal para que los más de 1.200 docentes cuya plaza haya suprimida o hayan sido desplazados de forma forzosa, como resultado del aumento del número de alumnos por aula y del horario lectivo del profesorado, puedan reclamar indemnizaciones que podrían alcanzar hasta los 7.500 euros.
En nota de prensa, este sindicato ha señalado que ha analizado la viabilidad de las reclamaciones de indemnizaciones que pudieran presentar todos aquellos docentes que se hayan visto o se vean forzados a un traslado por una decisión administrativa de supresión de plazas y desplazamientos.
“Se trata de reivindicar -administrativa o judicialmente- los derechos indemnizatorios que disfrutan otros colectivos de empleados públicos y exigir la compensación que les corresponde legalmente por actuaciones administrativas que menoscaban dichos derechos”, han explicado.
Para ANPE, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha son la base legal para iniciar un procedimiento de reclamación que implicaría, bien el pago de una indemnización por traslado forzoso (que supondría más de 7.500 euros), bien el abono de los kilómetros realizados en desplazamientos.
Por ello, ANPE ha animado a la reclamación, ya que el docente suprimido y desplazado se ha visto obligado a soportar las consecuencias de una decisión administrativa que le produce unos claros perjuicios en lo personal, en lo económico y en lo familiar y la Administración ha obviado el reconocimiento del derecho funcionarial a la indemnización.
