El PSOE critica que Bayod “no facilite a los ciudadanos que puedan cumplir con la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones”

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  • La moción sobre esta materia presentada por el Grupo Socialista ha sido rechazada por el PP

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete ha afirmado que Carmen Bayod y su equipo de gobierno “se han obcecado en no facilitar a los ciudadanos afectados por la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones que puedan cumplir con esta normativa sin que sus economías familiares se resientan, tanto por el coste de las auditorías, como de las obras de acondicionamiento que tendrán que efectuar si estas inspecciones así lo estipulan”.

El PSOE lamenta que el PP haya rechazado hoy, en el pleno municipal, la moción presentada por esta formación política con la finalidad de minimizar el impacto que tendrá entre los propietarios de los inmuebles con una antigüedad superior a 50 años la aplicación de la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones.

“Carmen Bayod, que no ha hecho los deberes de la parte que le correspondía, publicar en el último trimestre del año las edificaciones que deberán pasar la inspección el próximo ejercicio, no transige en flexibilizar los plazos que contempla la ordenanza y facilitar con ello que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan cumplir la normativa”, ha señalado la concejal Marisa Sánchez Cerro.

La edil ha indicado que “ni tan siguiera el Consejo de Gerencia ha conocido, y por lo tanto la ciudadanía tampoco, la relación de edificios que durante el próximo ejercicio deberán pasar la inspección y que serían los construidos durante los años 1953 y 1958, incumpliendo por lo tanto la obligación de publicar, con carácter informativo, durante el último trimestre del año anterior la relación de los inmuebles afectados”.

Sánchez Cerro también ha expuesto que “lo idóneo, tal y como se recoge en nuestra propuesta, es que el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, amplíe el plazo para presentar las actas de inspección técnica de los edificios y otras construcciones por un período de seis meses, de tal forma que hasta el 30 de Junio de 2014 se puedan presentar actas de inspección de edificios construidos con anterioridad a 1952”.

De igual forma, ha abogado por que se habilitara una moratoria de tres meses más para los edificios construidos entre 1953 y 1958, de forma que se pudieran presentar las pertinentes actas de inspección hasta el 31 de junio de 2015.

Ambas posibilidades no se materializarán “por la oposición del PP, que también ha evitado, rechazando la moción del PSOE, que estas inspecciones no lastren aún más las economías familiares más maltrechas, pues la propuesta socialista también contemplaba que las inspecciones técnicas de edificios y construcciones, cuyos titulares tengan la condición de pensionistas y sean perceptores de pensiones mínimas en cualquiera de sus modalidades, bien sean contributivas o no contributivas, fueran realizadas por técnicos de Urvial al precio simbólico de 30 euros por acta realizada, que también podrían haber realizado, con este mismo coste, las viviendas de aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo”.

Bayod, según ha criticado el PSOE, también ha utilizado su mayoría para evitar que viera la luz la moción conjunta de los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida contra el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, a propuesta de Equo y la Plataforma por un nuevo modelo energético.

El concejal del PSOE Emilio Sáez ha sido el responsable de exponer esta moción en la que se instaba al Gobierno de España a retirar el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, actualmente en tramitación en las Cortes Generales, así como a la derogación de las normas que amenazan con poner fin al desarrollo de las energías renovables, y a poner en marcha un proceso de participación y de diálogo lo más amplio posible, encaminado a conseguir una política energética para el país que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable en un sector estratégico, como es el eléctrico.

La propuesta también instaba al Ejecutivo central a respetar los compromisos internacionales adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y a una obligada convergencia con la Estrategia Energética Europea en materia de ahorro y eficiencia, así como con el cumplimiento de objetivos en energías renovables en el conjunto de Europa.

Por último, la moción solicitaba del Ayuntamiento de Albacete su compromiso para implementar medidas de eficiencia y de ahorro energético, y de apoyo a las energías renovables, en el ámbito de sus competencias.

Una forma más de crear confusión y alarma

Por su parte, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Díaz de Prado, ha señalado a este respecto que “Nosotros no hemos evitado nada ni hemos dicho nada. Lo único que hay una Ordenanza que hay que cumplirla. Esta Ordenanza establece que hay que hacer una inspección para ver el estado de conservación, y eso es algo que corresponde hacer a los particulares, es una obligación de los particulares, porque el derecho de propiedad conlleva el deber de conservación”.

El edil popular recuerda que “el PSOE pedía que eso se hiciera desde el Ayuntamiento, pero nosotros entendemos que para los propios profesionales que se dedican a esto, arquitectos y aparejadores, sería una competencia desleal hacia ellos. Pero lo que está claro que una obligación que corresponde a los particulares no se puede sufragar con dinero público de todos los contribuyentes. Con esto quiero decir que nuestros arquitectos no pueden estar haciendo las inspecciones técnicas que corresponden a determinadas personas, aunque cumplan unas características especiales como ellos decían, porque si hay una comunidad de vecinos donde un vecino no tiene medios pero el resto sí, se lo estaríamos pagando a todos los vecinos. Además, y con independencia de esa cuestión, lo que está claro que las revisiones del gas las tiene que pagar cada propietario, no las paga el Ayuntamiento. Otro ejemplo son los certificados energéticos, que ahora van a ser obligatorios, tampoco los paga el Ayuntamiento. Eso que dicen es demagogia, es una forma más de crear confusión y crear alarma que no es necesaria”.

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