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Aurelia Sánchez inicia en Albacete su ronda de contactos para elaborar la Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado en Albacete la ronda encuentros provinciales con entidades sociales para la elaboración del borrador de la futura Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. De este modo, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha reunido con representantes de 14 entidades de la provincia dentro del proceso participativo por territorios para la elaboración de esta norma que “es un eslabón más en el camino de la elaboración de la futura Ley”.

Sánchez ha destacado que el primer objetivo de estos encuentros es “diagnosticar quién forma el Tercer Sector y luego realizar el llamado concierto social para mejorar la forma de concertar de la Administración con las entidades que gestionan servicios públicos, ha informado la Junta en nota de prensa.

La futura Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha va a servir, como ha subrayado la consejera, para ofrecer un marco legal de estabilidad al sector, con nuevos formatos de relación con los sectores privados, al tiempo que reconocerá jurídicamente el concierto social en el que las entidades prestan servicios sociales básicos para el conjunto de la sociedad.

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La consejera ha recordado que en mayo de 2016 se constituyó la comisión de trabajo para la elaboración de esta Ley, formada por las principales entidades que operan es este sector y técnicos de la Consejería de Bienestar Social, en la que participan la Red Europea de Lucha contra la Pobreza EAPN, CERMI CLM, Coordinadora ONGD de Castilla-La Mancha, Cruz Roja CLM, ONCE C-LM, y Cáritas CLM.

Por su parte, el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN CLM), Jesús Rodríguez, ha señalado que en la provincia de Albacete el Tercer Sector tiene entre 2.000 y 3.000 trabajadores en entidades sociales, a los que habría que sumar unas 10.000 personas voluntarias y colaboradoras con  las entidades, ya que “forman parte de la sociedad civil y de la solidaridad ciudadana, y ese es nuestro compromise”, ha explicado

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