En relación a las informaciones difundidas en los medios de comunicación por el Grupo Popular de la Diputación de Albacete y relacionadas con una supuesta medida recaudatoria impulsada por el presidente de la institución, queremos manifestar:
1- Que no hay ninguna medida ni instrucción por parque de ningún miembro del equipo de Gobierno provincial para exigir a los ayuntamientos de la provincia el pago de deuda alguna.
2- Que desde los servicios correspondientes sí que se ha enviado una comunicación informativa a los municipios acerca de las deudas históricas que todavía mantienen con la Diputación de Albacete, y que en muchos casos se remontan a décadas.
3- Que dicha comunicación forma parte del proceso administrativo necesario para que la deuda no prescriba y para que los ayuntamientos tengan conocimiento de la existencia de la misma. Se trata de comunicaciones que ya se han realizado en otras ocasiones.
4- Que en el año 2013 se firmó un acuerdo plenario por el que se autorizó a múltiples consistorios a renegociar el pago de la deuda que mantenían con esta institución. Es falso que ese acuerdo se haya incumplido por parte de este equipo de Gobierno.
5- Que tampoco es cierto que se obligue a los ayuntamientos a pagar en el plazo de dos meses, puesto que en el escrito remitido desde los servicios se les apremia a adoptar una solución.
6- Que entre las posibles soluciones, también se indica en el escrito que pueden pasar por la propuesta de un plan de pagos que debería ser aceptado en sesión plenaria municipal y comunicado a la Diputación.