/Sandra Manzanares/Foto: María Guerrero/
Los vecinos de ‘Los Prados’ vuelven al Pleno del Ayuntamiento de Albacete a reivindicar la “correcta” finalización de las obras de la urbanización e instando al Consistorio a que “atiendan las peticiones de los ciudadanos”.
Uno de los vecinos de la urbanización, Ramón Cano, ha “lamentado” que la primera obra, que tuvo un coste de 7 millones de euros, “la concedieran en 8 minutos”, añadiendo que “dicen que la empresa constructora fue la única empresa que se presentó”, algo que no es así apuntando que fue “adjudicada a dedo”. Y es que, las obras “no están en condiciones” pues las tuberías revientan, las calles son demasiado estrechas y los cuadros de la luz continúan al aire libre, por lo que Cano pide que “se paralice la obra o que se termine de acuerdo con el proyecto”, señalando que no es justo pagar “por algo que no está bien hecho”, es más, por unas obras que son una “chapuza”.
En respuesta a ello, el alcalde de la ciudad, Javier Cuenca, ha apuntado que el Ayuntamiento continúa “trabajando en este asunto y vamos a seguir trabajando para garantizar que las cosas estén como tienen que estar”, remarcando que estas remodelaciones se han realizado bajo la supervisión de los técnicos y bajo la legalidad vigente.
Por otra parte, el vecino Enrique González ha utilizado el turno de la intervención ciudadana reclamando los costes de una sanción “desproporcionada” que emitieron sobre su parcela por la colocación de una valla metálica, que años atrás era calificada como falta “leve” y ahora es “grave”, algo que González no entiende y por lo que ha pedido reuniones con el alcalde para tratar el tema, no obteniendo respuesta.
Así, Cuenca ha reconocido que es “cierto que no ha sido atendido”, pero es que, añadía el primer edil, “usted vine a tratar un asunto particular” y, aunque “entiendo las dificultades económicas que puede tener a la hora de hacer frente a una sanción, me tiene que entender que no voy a hacer mediación en relación con un procedimiento sancionador ni para graduar sanciones”. Y es que, esta “no es una cuestión política sino técnica, y los técnicos están haciendo su trabajo en función de la legalidad vigente”, concluye.
