El Juzgado de lo Penal Tres de Albacete tiene previsto sentar en el banquillo de los acusados este lunes, 27 de marzo, a un matrimonio por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que se enfrentan, cada uno de ellos, a 1 año y 6 meses de prisión y multa de 5.400 euros.
Acusación
El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, detalla que en virtud de contrato de arrendamiento suscrito el día 10 de octubre de 2007, una persona arrendaba al acusado y a otro un local comercial en Albacete, pactándose una renta mensual por importe de 25.242 euros. “La duración del contrato se fijó por un periodo de 30 años, estableciéndose en la estipulación 3a del referido contrato que los cinco primeros años del contrato serían de obligado cumplimiento para los arrendatarios, de manera que si por cualquier causa dejaban la posesión del local arrendado rescindiendo anticipadamente el contrato, los arrendatarios debían abonar al arrendador la renta pendiente de pago hasta completar el periodo de cinco años”.
En el mes de enero de 2009, el acusado y el otro arrendatario, señala el fiscal, “dejaron de abonar la renta estipulada, dando por resuelto unilateralmente el contrato de arrendamiento, comunicándolo al arrendador con fecha 27 de febrero de 2009, adeudando las rentas de los meses de enero y febrero del año en curso”.
A partir de este momento, el arrendador, dicta el fiscal, reclamó extrajudicialmente a los arrendatarios “1.219.758,50 euros correspondientes a la penalización estipulada en la cláusula 3a del contrato de arrendamiento, remitiendo a tal efecto, con fecha 17 de abril de 2009 un burofax, que fue recibido por el acusado el 21 de abril de 2009 y en virtud del cual, el arrendador le reclamaba el pago de 1.219.758,5 euros, apercibiéndole de que en el caso de no efectuar el pago de tal cantidad, además de proceder a ejecutar el aval bancario suscrito por el acusado y su socio, procedería a entablar las acciones judiciales que fueran precisas para reclamar el pago de las restantes cantidades derivadas del contrato de arrendamiento”.
El acusado, dicta el fiscal, actuando de común acuerdo con su esposa, la también acusada “con la finalidad de evitar las consecuencias de un probable embargo dimanante de la previsible reclamación judicial, procedieron a otorgar con fecha 28 de abril de 2009, escritura pública de capitulaciones matrimoniales y disolución y liquidación de la sociedad de gananciales,. En tal caso, la acusada se adjudicaba como bien privativo la titularidad de la vivienda adosada en Albacete, que hasta ese momento era un bien ganancial”.
La cita será el próximo lunes, 27 de marzo, en el Juzgado de lo Penal Tres de Albacete.
