Tres empresarios de Albacete se enfrentan a 20 años de cárcel acusados de defraudar a Hacienda con facturas falsas

El Juzgado de lo Penal Uno de Albacete tiene previsto celebrar este próximo viernes, 24 de febrero, una sesión en la que un primer acusado se enfrenta por un presunto delito de defraudación de IVA del año 2006 a 2 años de prisión y multa de 350.085,36 euros; pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años. Por un presunto delito correspondiente a defraudación del impuesto de Sociedades del año 2006 a 2 años de prisión y multa de 694.159,92 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años. Por otro presunto delito correspondiente a la defraudación del IVA del año 2007 la pena de 2 años de prisión y multa de 333.386,08 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficio o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años. Y por último, por el presunto delito correspondiente a la defraudación del impuesto de Sociedades correspondiente al año 2007 a 2 años de prisión y multa de 440.368,54 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años.

Un segundo acusado se enfrenta ante un presunto delito de defraudación del IVA del año 2007 a la pena de 2 años de prisión y multa de 333.386,08 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años. Y por un presunto delito correspondiente a la defraudación del impuesto de sociedades del año 2007 se enfrenta a 2 años de prisión y multa de 440.368,54 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años.

Por último,  una tercera acusada se enfrenta a un presunto delito de defraudación de IVA del año 2006 a 2 años de prisión y multa de 350.085,36 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años. Por el presunto delito de defraudación del impuesto de Sociedades del año 2006 a 2 años de prisión y multa de 694.159,92 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años. Por el presunto delito de defraudación del IVA del año 2007 el fiscal pide 2 años de prisión y multa de 333.386,08 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años. Y por el delito presunto de defraudación del impuesto de Sociedades correspondiente al año 2007, el fiscal le pide, una pena de 2 años de prisión y multa de 440.368,54 euros, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años.

Añade el fiscal en su escrito de acusación además que el primer acusado y la acusada indemnizarán a Hacienda en las cantidades defraudadas, correspondientes a los años 2006 y 2007 cantidades que se incrementarán con los intereses de demora correspondientes desde el vencimiento del periodo de pago voluntario y con aplicación de los intereses legales, debiéndose declarar la responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles de las que eran administradores. Y el otro acusado, detalla el fiscal, indemnizará a Hacienda en las cantidades defraudadas correspondientes al año 2007 cantidades que se incrementarán con los intereses de demora correspondientes desde el vencimiento del periodo de pago voluntario y con aplicación de los intereses legales.

Acusación

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, detalla que mediante escritura de 13 de marzo de 2001 se constituyó una sociedad de construcción en Albacete con un capital social de 3.005,06 euros dividido y representado por cincuenta participaciones sociales; dicha sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil de Albacete con fecha 20 de marzo de 2001.

El objeto social de la empresa, dicta el fiscal, “era la promoción, construcción y compraventa de edificaciones de todas clases, en especial viviendas, apartamentos y locales, tanto de carácter industrial como comercial; excavaciones y movimientos de tierras, consolidación y preparación de terrenos; explanación, afirmado y encintado, cimentación y pavimentación de aquellos contratación y ejecución de
obras públicas con los Organismos de la Administración Central, Local, Autonómica y Periférica y la realización de todo tipo de trabajos de siderurgia”. Mediante acuerdo de la Junta General, detalla el escrito fiscal, “se acordó nombrar Administrador Único por tiempo indefinido al primer acusado, el cual se mantuvo en su cargo hasta que fue cesado en el mismo mediante escritura de fecha 24 de enero de 2008 en la cual se acordó nombrar administradores solidarios a tres personas, entre ellas dos hermanas y el segundo acusado”, persona que, manifiesta el fiscal, “desde que dejó la empresa el primer acusado, era el que llevaba la administración de la misma y el encargado de presentar en el año 2008 las liquidaciones tributarias correspondientes al ejercicio 2007”.

En misma escritura de 24 de enero de 2008, dicta el escrito fiscal, “los tres administradores solidarios adquirieron las 50 acciones de la sociedad a su titular anterior y único socio de la empresa, otra persona, adquriendo 16 acciones el segundo acusado y 16 acciones cada una de las dos hermanas”.

El primer acusado, en su condición de administrador único de una mercantil, explica el fiscal, “durante los ejercicios 2006 y 2007 mediante la utilización de facturas falsas y con la finalidad de deducirse gastos que no se habían soportado realmente, incrementó de forma artificial el IVA soportado con el objeto de que la cuota a ingresar fuera menor que la realmente debida. Durante esos dos mismos ejercicios, y con idéntica finalidad, el administrador único de la empresa, utilizando también facturas falsas ha justificado ante la Hacienda Pública gastos inexistentes con el fin de disminuir la cuota a ingresar en concepto de impuesto de sociedades”. El segundo acusado, detalla el fiscal, administrador solidario de la empresa y “persona que se encargaba de la gestión de la misma, presentó en el año 2008 las liquidaciones correspondientes al ejercicio impositivo 2007 a sabiendas de la irregularidad de las mismas”.

Mediante ese comportamiento defraudatorio los acusados, detalla el fiscal, “consiguieron que la empresa dejara de ingresar en Hacienda 175.042,68 euros en concepto de cuotas de IVA correspondientes al ejercicio 2006 y 166.693,04 euros en concepto de cuotas de IVA correspondientes al ejercicio 2007. Durante esos mismos años, dicha mercantil dejó de ingresar en Hacienda 347.079,46 euros en concepto de impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2006 y 220.184,27 euros en concepto de impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2007”.

“Para conseguir sus fines”, incide el fiscal, “los administradores de la mercantil, durante 2006 y 2007, se concertaron con otras dos empresas, cuyo administrador único era la tercera acusada, acordándose que la misma emitiría facturas en las que se reflejaban operaciones inexistentes y que eran entregadas a la mercantil a cambio de un importe de la base imponible o de importe de la cuota del IVA consignado en la factura. En consecuencia los gastos justificados por la mercantil mediante esas facturas correspondientes a operciones inexistentes, así como las cuotas de IVA soportadas acreditadas con ellas no son reales, no existieron y no cabe aceptar su deducción a efectos de determinar el beneficio social y la base imponible del impuesto de sociedades, siendo el importe de estos gastos no deducibles 1.094.016,73 euros en el año 2006 y 1.041.831,51 euros en el año 2007 con lo que las cuotas tributarias eludidas serían 347.079,46 en el año 2006 y 220.184,27 euros en el año 2007. Los importes de las cuotas soportadas de IVA que se han acreditado mediante las facturas emitidas por las dos empresas y que correspondientes a operaciones inexistentes, ascienden a 175. 042,68 euros en el año 2006 y 166.693,04 euros en el año 2007 y corresponden a las cuotas tributarias eludidas en concepto de IVA”.

Los hechos relatados por la Fiscalía los califica como constitutivos de cuatro delitos contra la Hacienda Pública por los que se enfrentan los acusados el próximo viernes, en el Juzgado de lo Penal Uno de Albacete.

Llanos Esmeralda Garcia

Periodista natural de Albacete. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Murcia y Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Murcia. Más de 10 años de experiencia en medios de comunicación, como La Verdad, CNC y El Pueblo de Albacete.
Botón volver arriba