El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos ha pedido el máximo apoyo político en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley contra el Fracking, tras remitir el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha esta legislación autonómica al Parlamento regional, durante la presente semana.
Ruiz Santos ha recordado que esta normativa llega al Convento de San Gil “en el plazo comprometido” por el Ejecutivo castellano-manchego con las Plataformas Antifracking, tanto en el Consejo de Gobierno “abierto” con estos movimientos ciudadanos en contra de la fractura hidráulica, como en la reunión celebrada en Albacete el pasado mes de septiembre por el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro con representantes de la Plataforma Antifracking de los Campos de Montiel.
Además, el delegado de la Administración autonómica en la provincia de Albacete ha resaltado que esta futura Ley “nace con vocación de defender nuestro patrimonio medioambiental, apuesta por el desarrollo sostenible de nuestras zonas rurales, y por una economía autóctona, arraigada en el propio territorio, sin poner en peligro nuestra biodiversidad como las aguas subterráneas o humedales”.
Ruiz Santos también ha subrayado que “se cumple uno de los compromiso electorales del presidente Emiliano García-Page”, que precisamente adquirió en la localidad de El Bonillo (Albacete), además de poner en marcha una de las recomendaciones que la Comisión Europea dictaminó en el año 2014 a la hora de aplicar cualquier práctica novedosa relativa a la fractura hidráulica.
En relación a los proyectos de investigación sobre el fracking aprobados por el Gobierno central y por el Ejecutivo regional, durante la pasada Legislatura autonómica y nacional, el delegado de la Junta en Albacete ha puntualizado que se respaldaron por parte del Ministerio de Industria, los proyectos “Aries” y “Leo” en las comarcas de Hellín que afectaban a las localidades de Tobarra, Ontur, Albatana y el propio Hellín; y por parte del Gobierno de Cospedal, los proyectos “Esteros, Almorada y Nava”, en los Campos de Montiel, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, con “especial incidencia” en los municipios albacetenses de Munera, El Bonillo, Ossa de Montiel y Villarrobledo.
Sobre el futuro de estas empresas vinculadas al estudio previo para la realización del fracking, Ruiz Santos ha asegurado que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural realizará un Plan Estratégico para delimitar las exigencias, y “ser especialmente exigente en el cumplimiento de las normativas relacionadas con el agua y el medio ambiente”.
Por último, el delegado de la Junta cree que estas empresas “desistirán” al igual que ocurrió con el proyecto ‘Aries 1’ de la Sociedad Invexta Recursos, S.L., una filial de la empresa ACS, “que no cumplió con sus obligaciones administrativas al conocer las intenciones del Gobierno regional”, y augura que el resto de empresas “correrán la misma suerte”.
