/Sandra Manzanares/Fotos: María Guerrero/
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades aúnan sus fuerzas para continuar con el descenso de las ejecuciones hipotecarias y desahucios en la región. De esta manera, desde el TSJ se ofrecerá información referente a las actuaciones a seguir por todos aquellos afectados que se encuentren en “extrema vulnerabilidad o exclusión social”.
Y es que, como ha señalado el presidente del TSJ, Vicente Rouco, durante el segundo trimestre de 2.016 han disminuido las ejecuciones hipotecarias en el TSJ en un 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior, fijándose en 573. Lo mismo ha ocurrido en lanzamientos, que descienden un 14%, siendo 620 los lanzamientos practicados. Aun así, son cifras “importantes” por lo que el órgano judicial se ha sumado a este campo de actuación iniciado por la Junta, que trata de informar a las personas involucradas en trámites de desahucios a través de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, OIH, por las que en el último año han pasado más de 1.200 personas. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia desarrollará actividades formativas, informativas y de divulgación del propio convenio, a la vez que favorecerá la colaboración de abogados o procuradores en la consecución de los objetivos.
Por su parte, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha manifestado que “los ciudadanos no saben que existe este recurso”, por lo que “es importante sumar al Consejo”, y popularizar así los Programas de Intermediación Hipotecaria. De esta manera, los afectados podrán tener la “información de primera mano” y desde la Administración “se les podrá atender en cualquier estadio del proceso”.
Convenio de colaboración
Esta iniciativa pone en marcha el acuerdo firmado el pasado mes de junio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta mediante el cual se establece un protocolo de actuación para los supuestos en que, con motivo de ejecución hipotecaria o desahucio, se observe una situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Así, el convenio de colaboración entre ambos organismos determina la necesidad de intervención por parte de la Administración autonómica ante estos casos, y a su vez, la posibilidad de prestar los servicios que integran el “Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria”.
Control estadístico
Además, la consejera de Fomento ha destacado las posibilidades de control estadístico que permite la inclusión de los juzgados en el programa, y es que “teníamos que saber la incidencia real que estos procedimientos tienen en vivienda y en primera vivienda”. La cuestión es que “muchas de las ejecuciones abiertas en los juzgados afectan a otro tipo de bienes inmobiliarios que no son objeto del programa de intermediación” como pueden ser oficinas o locales.
Así, el TSJ colaborará con la Junta en la confección de un registro informático para estudiar las variables estadísticas de las actuaciones realizadas con el convenio, cuyo seguimiento, vigilancia y control corresponderá a una comisión conjunta integrada por la Administración regional y el Consejo General del Poder Judicial. Cabe destacar que la vigencia del acuerdo es de un año prorrogable automáticamente por iguales periodos siempre que haya acuerdo entre ambas partes.
Por su parte, Rouco ha señalado que “los jueces no somos insensibles” al “drama social de los desahucios”, por lo que el presidente del TSJ aboga, “dentro del respeto a la Ley”, por nuevas “fórmulas para que el Derecho sea más humano”. Así, Rouco ha apuntado que desde que comenzó la crisis los procedimientos de desahucio han sido “muy numerosos”, aunque es un problema que en la actualidad “está disminuyendo”.
Finalmente, de la Cruz ha destacado que la Consejería de Fomento ha incorporado a este programa a diversas entidades bancarias, que se han comprometido a que las Oficinas de Intermediación Hipotecaria sean el “órgano prioritario de intermediación cuando detecten en sus clientes problemas para el pago de las hipotecas”. En este programa ya colaboran 279 ayuntamientos de toda Castilla-La Mancha.
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