Una mujer se enfrenta por un presunto delito continuado de falsificación de un documento mercantil y una falta continuada de estafa a dos años y tres meses de cárcel, así como a una multa de 3.600 euros. La cita con la justicia será en el Juzgado de lo Penal Tres de Albacete.
Acusación
Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, detalla que en el año 2007 una conocida empresa de autobuses de la ciudad firmó un convenio con empleados del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), “al objeto de que aquellos que debieran desplazarse hasta Villarrobledo para trabajar en el hospital de dicha población pudieran beneficiarse de un precio reducido de viaje”. Para ello, establece el escrito de acusación, “se creaban dos bonos, uno de duración mensual, con una tarifa para los viajes de ida y vuelta de 91 euros y otro de duración quincenal con una tarifa más barata. Aquel trabajador que deseara obtener este descuento, debía ingresar bien en efectivo, en la taquilla que la empresa tenía en la estación de autobuses, bien mediante domiciliación bancada, el importe de dichos bonos”. Se le expedía así un carné identificatorio. “También se previó la creación de un bono provisional para los trabajadores con un contrato de trabajo temporal. Este bono era un folio sellado por la empresa y en el que constaban tales datos”.
Cada trabajador debía exhibir su carné o su bono con su DNI al subir al autobús para que el chófer les entregara el billete del viaje.
“Para conseguir una tramitación más ágil de tales bonos”, detalla Fiscalía “la empresa confió la transmisión de tales bonos provisionales a la acusada, que por entonces era empleada del SESCAM y usuaria de uno de los bonos. Dejó de serlo en el año 2011. Así, la acusada no pagaría el precio de su bono a cambio de que se encargara de repartir los bonos”.
Entre el mes de septiembre de 2013, “cuando la acusada no tenía ya ninguna relación con la mercantil denunciante, confeccionó y entregó cinco bonos a quienes cobró el precio de los mismos, sin que ella entregara el dinero cobrado a la empresa”.
Apunta el fiscal que la acusada “cobró de las cinco usuarias 455 euros. En dichos bonos aparecía además del nombre y el DNI de cada usuario, el nombre y domicilio de la empresa, la localidad y la fecha, así como el sello de la empresa”.
