Hace unos días, el filósofo Javier Gomá Lanzón se preguntaba “Qué es la dignidad” y a los efectos que me interesa para este artículo, llegaba a la conclusión de que la dignidad es lo inherentemente unido al ser humano solo por serlo y desde luego más allá de un precio, por el que somos capaces de comprar todo lo demás, hasta la honradez.
Mi amigo Alberto Delicado, al compartir el artículo con él, me recordó que para el propio Tribunal Constitucional, la dignidad venían a ser todos aquellos atributos intrínsecos al ser humano y por ende irrenunciables e inviolables, pero que el legislador en uso de su libertad, podía definir el contenido de cada derecho concreto para las personas, admitiéndose ampliarlo o limitarlo.
En estos últimos años, precisamente hemos vivido en el día a día y con menos contestación en la calle y desde luego en las urnas de lo que cabría esperar, un menoscabo del contenido de multitud derechos que creíamos inmutables y que nos los han limitado o restringido, que han llevado consigo resucitar diferencias entre los iguales creando intereses contrarios entre las personas: nacionales versus extranjeros; trabajadores versus personas en desempleo; europeos versus todo lo demás; emprendedores versus gandules y en un puntal fundamental como es el derecho a la igualdad entre la mujer y el hombre, se ha vuelto a la concepción anterior a todos los avances realizados en los años anteriores, hombres versus mujeres, como lo demuestra el incremento de la brecha salarial, el incremento del desempleo de las mujeres con respecto a los hombres…
El mejor instrumento de mantenimiento de la dignidad es el empleo y en esta materia, los derechos han sido especialmente cercenados y ahí van unos datos contundentes.
Cuando en España se hablaba de pleno empleo en el año 2007, había 19,1 millones de afiliados a la Seguridad Social perdiéndose durante los seis años posteriores hasta tres millones de afiliados. En la actualidad, hay 17,7 millones, aún 1,4 millones menos que en el 2007, pero lo más dramático es que el empleo creado es de mala calidad, abunda el empleo precario y a tiempo parcial, con la reducción de salarios correspondientes que ha llevado a que baje el nivel de ingresos en la caja única de la seguridad social y en la recaudación por IRPF.
A la visa de la EPA del segundo trimestre del 2016, lo que se acredita es la desaceleración de la creación de empleo. Aún en medio de las alharacas del Gobierno en funciones, lo sintomático es que ha habido sólo 271.000 nuevos ocupados frente a los 412.000 de año pasado.
Al cercenar la negociación colectiva y las políticas activas de empleo, el empleo temporal crece al 5.5% cuando el indefinido lo hace al 2%, elevándose de nuevo la tasa de temporalidad. Además el supuesto empleo indefinido creado no lo es, porque la mitad de los contratos estrella eufemísticamente llamado “de apoyo a los emprendedores”, no superan el primer año.
Se ha hecho crónico el paro de larga duración, ese de más de 1 año, afectando a más de 2,6 millones de personas.
Y a todo esto, cuando lo que se precisan son políticas de expansión del gasto público, lo que ya tenemos en este País es el grifo cerrado en toda la Administración General de Estado. Para eso el Gobierno no estaba en funciones. El pasado 20 de julio el gobierno publicó el cerrojazo a los presupuestos.
Como guinda, otro varapalo del Tribunal Constitucional, declarando nulas el aumento de las tasas judiciales, cuando más ha hecho falta la tutela judicial, ante aquel quebranto de derechos, aquel quebrando de la dignidad.
En estos días de tanto teatro político, más allá del postureo ante los medios y del intercambio de documentos con los epígrafes de los programas electorales, pidamos poner la dignidad por montera. No es no, también en política.
Gerardo Gutiérrez Ardoy
