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En una reunión, a la que han sido convocados todos los sindicatos con representación de los empleados públicos, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, trasladará el compromiso del presidente Emiliano García-Page de mantener al personal contratado tras la reducción de la jornada laboral
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha convocado mañana miércoles de urgencia a los sindicatos de la función pública para informar del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones contra la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha convocado a todos los sindicatos con representación de los 68.000 empleados públicos de la administración regional a una reunión informativa tras haber admitido a trámite el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad, promovido por el presidente del Gobierno en funciones, contra la Ley 7/2015, de 2 de diciembre.
Con esta convocatoria el Gobierno regional quiere “que sean los representantes de los empleados públicos los primeros en ser informados de los trámites que llevará a cabo el Ejecutivo tras la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional”.
Ruiz Molina trasladará a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Intersindical y FSES que, tal como se ha comprometido el presidente regional, “el Ejecutivo garantizará que todos los empleados públicos contratados a partir de la entrada en vigor de la jornada de 35 horas semanales el pasado 1 de enero seguirán trabajando en la Junta de Comunidades”.
La recuperación de la jornada de 35 horas semanales es uno de los derechos que el presidente García-Page se comprometió a devolver a los empleados públicos de la región tras los recortes a sus derechos de la pasada legislatura.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha lamentado que “el Gobierno en funciones de Rajoy haya materializado su amenaza contra los empleados públicos de esta región y que mientras el Ejecutivo regional intenta recuperar derechos de los funcionarios y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, haya alguna mano negra que intente poner palos en la rueda”.
