El informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Castilla-La Mancha solicitado a propósito de lo ocurrido durante la sesión plenaria durante la que se votaba el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma concluye que el presidente de la Cámara, Jesús Fernández Vaquero, debería fijar un orden del día para reanudar el pleno que comenzó el pasado jueves y continuó el viernes y votar –exclusivamente– el dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre ese Proyecto de Ley.
En este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos de la Cámara analizan las votaciones que se produjeron el pasado viernes día 22 y manifiestan que en el caso concreto de ese Proyecto de Ley eran dos las votaciones a realizar, por un lado la de las enmiendas y votos particulares, y por otro la votación del dictamen.
El informe indica que la primera de esas votaciones “se desarrolló con total normalidad”, no así la de la segunda, la votación del dictamen, ya que “uno de los grupos –el socialista– no expresó en ella la posición que con total claridad mantenía respecto al mismo”.
De ahí que los servicios jurídicos, en su informe, aclaren que esa votación que resta por consumar, la del dictamen, debe realizarse en un solo acto “en el supuesto de reanudación de la sesión, por lo que es preciso repetir la parte de la votación del dictamen ya realizada”.
Sobre el hecho de que el presidente de las Cortes levantara la sesión sin haber agotado el orden del día, recuerda el informe que el Reglamento del Parlamento deja claro que las sesiones “solo podrán ser levantadas una vez agotado el orden del día”.
“Constatado que el orden del día no se había agotado –porque faltaba una votación–, el señor presidente no podía levantar la sesión, debiéndose entender que el error cometido debe ser subsanado mediante la continuación del pleno interrumpido hasta agotar dicho orden del día”, detallan los servicios jurídicos.
NO ES UN HECHO INSÓLITO
Previamente, en su argumentación, los servicios jurídicos entienden que el hecho de tener que repetir una votación “no es ni mucho menos insólito” ni en las Cortes “ni en la práctica parlamentaria española”, a lo que añaden siete ejemplos concretos ocurridos en el pasado en los años 2007, 2010, 2013, 2014 y 2015.
En todos los ejemplos citados, explica el informe que desde la Presidencia “se procura rectificar errores evidentes, cómputos inexactos, discordancias entre las posturas sostenidas en los debates y la votación o dudas sobre el sentido del voto de alguno o varios integrantes de un grupo parlamentario”.
Así pues, “este tipo de repeticiones carecen de trascendencia cuando la finalidad a la que sirven no es otra que la expresión coherente de la voluntad de los diputados en relación con la posición mantenida durante el debate, de modo que, si se comprueba esa falta de correspondencia, la Presidencia habilite un turno de ‘explicación de voto'”.
Con estas repeticiones, entienden los servicios de la Cámara que “se consigue eliminar los votos emitidos por error en un determinado sentido en perjuicio de la certidumbre de la voluntad legislatoria que tan necesaria resulta para la labor del intérprete y, lo que es peor, un resultado legislativo no querido por quienes tienen encomendada la función de legislar en nombre de quienes otorgaron su voto”.
Este es el informe que han conocido este jueves los integrantes de la Mesa de las Cortes y que ahora deberán analizar los componentes de la Junta de Portavoces, de tal forma que el próximo lunes, la Mesa, una vez oída la voluntad de la Junta sobre el mismo, decida qué es lo que se va a hacer con este texto.
