El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de Fiscalización de Castilla-La Mancha de 2013

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de Castilla-La Mancha al cierre de 2013, arrojando datos entre sus conclusiones como que la deuda ascendía a 13.037 millones, se pasó en un año de 70.726 a 69.633 efectivos –1.093 trabajadores menos– y se estableció un periodo medio de pago a proveedores de 126,95 días.

De este informe se desprende que la región contaba al cierre de 2013 con 38 entidades públicas –la Junta, cuatro organismos, un Ente, 14 empresas, 15 fundaciones, la UCLM y dos consorcios–, además de que las cuentas se presentaron “con carácter general” de acuerdo con los principios y normas contables, con algunas excepciones.

No rindieron cuentas la Fundación Centro Tecnológico Europeo del Asfalto, la Fundación Ínsula Barataria y Fomento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento; además de que Toletum Visigodo y Socialmancha no las presentaron de manera adecuada y de que 11 entidades presentaron fuera de plazo.

Destaca el Tribunal de Cuentas que desde 2011 hasta 2013 se redujo el gasto no financiero casi una tercera parte desde 9.476 millones a 6.213.

INCUMPLIMIENTO

El Tribunal deja claro que Castilla-La Mancha generó un déficit del 2,09% del PIB, motivado por la inconstitucionalidad del Impuesto sobre Determinadas Actuaciones del Medio Ambiente (IDAIMA) y por el IVA devengado por obras ejecutadas por la Sociedad de Carreteras y que no se devengó correctamente, ambos extremos en legislaturas anteriores.

De esta forma, se tuvo que devolver un total de 212,3 millones de euros y cerca de 82 millones del IVA de la Sociedad de Carreteras.

Pone el acento igualmente en que Castilla-La Mancha fue capaz de aplicar el 96% de las medidas que recogía su Plan Económico y Financiero; y que cumplió “ambiciosos compromisos de reducir el sector público”, ahorrando un total de 1.423 millones de euros en entidades públicas, de los que 450,6 millones corresponden al ahorro en personal.

El Tribunal ofrece además datos sanitarios, como que había a cierre de 2013 19 hospitales, 190 centros de salud  y 1.120 consultorios locales para atender un total de 1.972.000 tarjetas sanitarias.

Otro dato relevante en la disminución de las listas de espera con respecto a 2012 del 19%, gracias en parte al Plan de Choque dotado con 15 millones de euros de anterior Ejecutivo.

RECOMENDACIONES

El Tribunal de Cuentas recomienda a la Comunidad Autónoma efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente a la que se refieran a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control de este Tribunal.

Igualmente, recuerda que la Cuenta General debería integrar las cuentas de todos los entes del sector público regional, no solo de los sujetos a contabilidad pública.

Además, añade que debería procederse a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable en la región, configurado como el marco de todas las administraciones públicas, lo que podría solventar la carencia de información necesaria para conocer la situación financiera.

También ha de valorarse el dictado de una norma similar a la contenida en la Orden de Hacienda por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación.

En esta línea, recoge que “debería elaborarse un plan de disposición de fondos como instrumento de planificación de las disponibilidades líquidas, máxime desde la entrada en vigor de control de la deuda comercial en el sector público creando la obligación de hacer público el periodo medio de pago a proveedores”.

Entre otras recomendaciones, insta a la Junta a potenciar la conexión automática entre inventario y sistema de información contable; y  a dictar una norma para regular la elaboración de un informe por parte de empresas, fundaciones y consorcios a presentar junto a cuentas anuales relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico financiero asumidas.

Por último, apunta a que hay que modificar la ley de Hacienda para incluir la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas anualmente un informe sobre seguimiento de expedientes de subvenciones; y recomienda que los órganos de contratación deberían observar una mayor precisión y concreción a la hora de justificar la necesidad de los contratos adjudicados.

Llanos Esmeralda Garcia

Periodista natural de Albacete. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Murcia y Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Murcia. Más de 10 años de experiencia en medios de comunicación, como La Verdad, CNC y El Pueblo de Albacete.
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