La Asamblea General Ordinaria de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), a la que pertenece el de la UCLM, Miguel Ángel Collado, volverá a someter a votación la moratoria acordada hace un año para la implantación del decreto ‘3+2’ en 2017, que permite a las universidades impartir grados de tres años, en lugar de los cuatro actuales.
Después de que una decena de centros hayan iniciado los trámites para poner en marcha estos estudios el curso que viene, en contra de este acuerdo, la CRUE ha decidido volver a debatir y votar sobre el aplazamiento de estos grados más cortos. Los únicos estudios con la nueva fórmula que quedaron exentos de la moratoria eran los de nueva creación.
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación a Europa Press, los centros que han pedido la validación de grados de tres años, la mayoría privados, son la Universidad de Nebrija (cuatro títulos); Alfonso X El Sabio (tres); la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (cuatro); la Oberta de Cataluña (uno); la Universidad de Nebrija (tres); la Universidad Internacional de La Rioja (dos); la Universidad Europea Miguel de Cervantes (uno); y la Universidad Europea de Madrid (cuatro); la Universidad Internacional Isabel I de Castilla (uno), que no pertenece a la CRUE.
Sólo hay dos campus públicos que han solicitado la validación a las agencias de evaluación competentes: la Universidad Pompeu Fabra, para dos titulaciones, y la Universidad de Barcelona, para una.
CRUE Universidades Españolas, que está integrada por la mayoría de los campus –50 públicos y 26 privados–, acordó hace un año, en febrero de 2015, una moratoria de la aplicación del ‘decreto 3+2’ impulsado por el exministro de educación José Ignacio Wert hasta 2017 con el objetivo de “analizar la adaptación a este nuevo sistema de una manera razonable”.
El hecho de que algunos centros se hayan adelantado y ofrezcan ya estos grados de tres años el curso que viene es un “error de bulto” para el vicerrector de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, José Luis García Grinda. “Es un planteamiento equivocado de entrada que exista esta posibilidad porque lo que genera es una confusión enorme en los alumnos”, dijo en declaraciones a Europa Press durante la Semana de la Educación celebrada en Madrid hace dos semanas.
“Lo lógico es que una titulación tenga la misma duración en todo el Estado”, aseveró García Grinda, que alertó de que los estudiantes se van encontrar con la disyuntiva de “por qué tres años en lugar de cuatro” o si las competencias adquiridas “son o no las mismas”. “Al poner un titulación de tres años, atraes a más alumnos, pero si al final quieres que tengan las mismas competencias, tienes que impartir un máster de dos años, que es más caro”, añadió.
Esta opinión mayoritaria entre las universidades públicas la comparte también el rector de la Universidad Pontificia Comillas ICADE-ICAI, Julio L. Martínez, que recordó el “compromiso” adquirido en el seno de la CRUE de demorar la aplicación del decreto. “Nos gusta que se respeten los acuerdos”, apostilló en declaraciones a Europa Press.
“No hay que poner el carro antes que los bueyes”, indicó en AULA este dirigente universitario sobre la aplicación por algunas universidades del ‘decreto 3+2’ y subrayó que la calidad de la formación universitaria “se deriva de las competencias adquiridas y no de la duración de los grados”.
