El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé que los ingresos propios crezcan un 0,3 por ciento durante el próximo año, con un impacto “de unos 40 millones de euros”, gracias a la puesta en marcha de una “política tributaria claramente progresiva” que hará “que paguen más impuestos aquellos que tienen más capacidad económica”.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado que así figura en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que ha tomado en consideración el Consejo de Gobierno en su sesión de esta semana, con el que el Ejecutivo pretende “hacer efectivo el principio de justicia tributaria”.
“No vamos a tocar el IRPF, ni el de patrimonio, ni crear nuevas figuras tributarias, ni freír a las clases medias, ni confiscar los bienes, ni hacer ninguna de las barrabasadas que había anunciado el Partido Popular”, ha aclarado Ruiz Molina.
El texto modificará la Ley de Tasas con el objetivo de eliminar aquellas que han “considerado injustas” y otras “que son absurdas desde el punto de vista de la administración”. De hecho, se suprimirán 30 tasas, incluidas todas aquellas que afectaban a la Consejería de Bienestar Social y a los “más vulnerables” que el titular de Hacienda ha denominado las “tasas de la vergüenza”.
Por citar algunas, el consejero se ha referido a la tasa por solicitud de revisión del grado de discapacidad, y de revisión del de dependencia, a la de solicitud de la tarjeta de accesibilidad y duplicado de la misma, a la tasa que establecía la idoneidad como cuidador de personas con dependencia, a las de acreditación y registro como entidad de voluntariado o la de seguimiento de proceso de adopción internacional.
También habrá tasas eliminadas de carácter más administrativo que afectarán a otras consejerías, y el establecimiento de nuevas exenciones en el pago de algunas de ellas, como las dirigidas a desempleados, familias numerosas de carácter especial e incluso a la propia Administración regional, “que también estaba obligada a pagarse tasas a sí misma”.
Además, se modificarán otras diez tasas sobre compulsa de documentos, de tal forma que solo se aplicarán cuando se superen los 51 documentos, y aquellas tasas que no se supriman se congelarán durante el próximo ejercicio.
SUCESIONES Y DONACIONES
En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, que ahora tiene una bonificación del 95% con independencia del importe de la cuota, la modificación que se va a introducir prevé incrementar la bonificación al cien por cien para las bases liquidables inferiores a 175.000 euros, lo que hará que estén “exentos de pagar el impuesto de sucesiones el 98 por ciento de la población castellano-manchega”.
Sin embargo, para las bases superiores a los 175.000 euros habrá distintos tramos, para que, según vaya aumentando la base liquidable, esa reducción vaya disminuyendo. Esto propiciará, según Ruiz Molina, que “el 2 por ciento de la población que recibe herencias muy elevadas” sean “los que más paguen con el impuesto”.
Por último, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se reducirá el tipo impositivo reducido, que pasará del 7 al 6 por ciento, mientras que el tipo general, que hasta ahora era “el más bajo” de las comunidades autónomas, se elevará del 8 al 9 por ciento.
