El subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, ha asegurado que en esta provincia ya está funcionando una Unidad Especial de Inspección de los fondos de formación, en el seno de la Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de garantizar un refuerzo del control y capacidad sancionadora.
Pozuelo ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración del curso ‘Control de la Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral’, en el que durante este martes y miércoles participarán más de 40 inspectores y subinspectores de Castilla-La Mancha y que contará con importantes expertos en la materia para la exposición de las distintas ponencias.
Según ha dicho Pozuelo, la aprobación por parte del Gobierno central de una ley por la que se regula el Sistema de formación profesional para el empleo, supone un nuevo avance en el desarrollo y control de esta materia.
Ha destacado que el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ha permitido la mejora de la empleabilidad y la cualificación de muchos trabajadores en los últimos años y ha servido para avanzar en la vinculación de la formación con la negociación colectiva.
Pozuelo ha señalado que “ello ha permitido la difusión y universalización de una cultura de formación que alcanza a más de cuatro millones de trabajadores al año en la actualidad y a más de 478.000 empresas participantes sólo en la denominada ‘formación de demanda'”.
No obstante, ha admitido que el sistema ha puesto de manifiesto “determinadas debilidades e ineficiencias que deben abordarse de manera urgente para dar respuesta inmediata y de una manera más eficaz y eficiente a las necesidades formativas de los trabajadores y del sistema productivo”.
Para ello, ha dicho que era fundamental incrementar las medidas de control, ya no sólo por parte de los organismos implicados directamente en la gestión y autorización pública de la formación, sino también por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social .
“El objetivo de garantizar el principio de tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo, exige la modificación del Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en distintos aspectos, para evitar y corregir algunas situaciones, como ampliar los sujetos responsables para incluir a las entidades de formación y a las que asuman la organización de la formación programada por las empresas, así como modificar los tipos de infractores existentes. Y por otro lado, endurecer las sanciones”, ha resaltado el subdelegado del Gobierno.
Así las cosas, ha asegurado que “la finalidad de este incremento de la vigilancia y control del destino de estos fondos no es otra que garantizar que estos se destinen, de forma efectiva, a fomentar las capacidades y, por tanto, la empleabilidad y la estabilidad en el empleo de los trabajadores, mediante una formación profesional efectiva y real”.
