El alcalde socialista de Ontur, Joaquín López Escudero, se sentará el próximo martes 26 de mayo en el banquillo de los acusados del Penal Uno de Albacete ante un delito de prevaricación administrativa y por el que la Fiscalía pide una pena de 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Los hechos sucedieron tras el 27 de mayo de 2009 cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ontur la aprobación de la convocatoria para la construcción del Centro de Día con Estancias Diurnas. En dicha convocatoria se establecía el objeto de licitación, el plazo de ejecución, tramitación, procedimiento y demás documentación a presentar conforme al Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares en la que se hacía constar que el presupuesto de licitación tendría un importe de 373.380€, financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local mediante procedimiento abierto y de urgencia.
Hechos
Según detalla el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, se establece así que el 12 de junio de 2009 se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de la obra del Centro de Día. En esa mesa se presentan cinco empresas, de las que finalmente tres de ellas son valoradas por el importe máximo de 74.676€. El 22 de junio se vuelven a reunir para proponer al órgano de contratación la que se considerara más ventajosa para el Ayuntamiento, en tal caso la presidencia de la Mesa propone a una empresa (“que además de la mejora inmobiliaria que ofertaba asumía los excesos de obra y que sumados a la cantidad de 16.415,84€ alcanza el máximo del porcentaje de mejoras previstos en las bases de licitación”) pese a que ésta, dicta el escrito de acusación, “no era una de las tres elegidas que según en la reunión anterior había presentado una mejor oferta” acuerdan por unanimidad la adjudicación provisional a favor de ésta.
Ante tales hechos, el 23 de junio, la secretaria interventora del Ayuntamiento de Ontur, emite un informe señalando que dado que la propuesta de adjudicación que realiza la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración, advertía al alcalde que “la adjudicación realizada a la empresa no se ajustaba a los criterios recogidos en las bases y que como se recogía en el acta de 18 de junio no era una de las tres empresas que habían realizado las ofertas más altas”. A pesar de todo ello, el alcalde, según establece Fiscalía “a pesar de conocer la ilegalidad de la adjudicación, aprobó el 30 de junio la adjudicación del contrato de las obras sin hacer caso a la secretaria”. El 21 de julio se aprobaba la resolución de la Alcaldía en la que el acusado acordaba la adjudicación definitiva de la obra a esta empresa.
