La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido de que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal acentuará la diferencia de tratamiento legislativo entre la llamada “casta” y el resto de ciudadanos al contemplar medidas “invasivas” de investigación que difícilmente se aplicarán sobre aforados.
A su juicio, la colocación de dispositivos de grabación en el domicilio de las personas –previa autorización judicial– se trata de una medida “invasiva” sobre los derechos de los ciudadanos que requiere de mayores garantías.
“La regulación con carácter general de medidas tan gravosas para la privacidad, y su práctica imposibilidad de aplicación a personas protegidas por aforamientos e inmunidades acentúa la diferencia de tratamiento legislativo entre lo que ahora ha dado en denominarse ‘la casta’ y el resto de los ciudadanos”, ha advertido.
En este punto, ha tildado de “gravemente peligrosa” la regulación de las intervenciones telefónicas, mientras que ha calificado como un “error” y un “retroceso muy grave” la posibilidad de acordar escuchas policiales sin autorización judicial. “Habrá de pasar necesariamente por el filtro del Tribunal Constitucional”, ha agregado.
En relación con el establecimiento de un plazo límite a las investigaciones, la asociación ha avisado de que “no basta con desear las cosas, sino que hay que proveer de los medios necesarios para que ocurran”. En este sentido, ha denunicado que la Justicia está “colapsada” y que el problema se debe “arreglar de fondo”.
Además, considera que limitar la instrucción encierra la sospecha de pretender que las causas más complejas, entre ellas las de corrupción, acaben “mal preparadas para el juicio oral o archivadas”. Con todo, cree que falta especificar si las partes pueden recurrir la duración o pedir más pruebas.
EL SUJETO PASIVO ES LA VÍCTIMA DEL DELITO
Por otra parte, ve como “un cambio más que por utilidad procesal, por maquillaje político” la sustitución del término ‘imputado’ por el de ‘sujeto pasivo’ y recuerda que esta última denominación se aplica generalmente a la víctima del delito en el derecho penal. “Eso no va a mejorar la Justicia, sino va a aliviar la imagen política de cientos de imputados”, añade, para proponer la expresión ‘imputado judicial’.
Ha valorado positivamente la innecesariedad de que los atestados sin autor conocido sean remitidos a los juzgados y fiscalías, si bien ha propuesto más controles como que la Policía remita atestados minutados en CD a juzgados de guardia para evitar “hipotéticos abusos, despites o faltas de celo”.
Por último, ha destacado que la doble instancia penal debe ir acompañada de la estructura y medios adecuados para que los Tribunales Superiores de Justicia puedan asumir esos recursos y ha valorado positivamente la regulación de un procedimiento autónomo de decomiso.
