La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Marisa Sánchez Cerro, alertó hoy de que la, a su juicio, “mala gestión del equipo de Gobierno de la señora Bayod” motivará que cientos de propietarios de inmuebles en la capital se queden prácticamente si tiempo para pasar la obligatoria Inspección Técnica de Edificios. Es la Ordenanza que fue aprobada en junio de 2012 y que entró en vigor en enero de este año la que regula que 1.817 edificios tendrán que pasar y superar la correspondiente inspección técnica; aunque, según denunció la concejala, poco ha hecho el equipo de Gobierno municipal siete meses después de su entrada en vigor, salvo la presentación del censo de inmuebles afectados.
“Y ello gracias a la pésima gestión de la señora Bayod”, apuntó, lamentando que “sólo le queden cinco meses” a los vecinos cuyos inmuebles fueron construidos en 1952 o años anteriores. “Si el Gobierno de Bayod hubiera hecho bien su trabajo, los propietarios de los inmuebles afectados tendrían un año por delante para llevar a cabo las inspecciones de sus edificios”, rechazó Sánchez Cerro, quien aseguró que “el tiempo” vuelve a dar “la razón” a la oposición socialista “porque propusimos que su aprobación fuera posterior a esa fecha y que antes se empezaran a hacer cuantos trámites fueran necesarios”.
La representante socialista añadió que una de las “preocupaciones” del Grupo Municipal es “cómo” le va a llegar la información a los propietarios de los inmuebles, y puso en duda la efectividad de una publicación en el BOP o en el tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo “que no debe sustituir al trámite de la notificación”. “Nos preocupa que la información no llegue a los vecinos en tiempo y cabe la posibilidad de que se enteren fuera de plazo con las correspondientes sanciones”, advirtió Marisa Sánchez, que aseguró que hasta el momento sólo un vecino de Albacete se ha personado en la Gerencia solicitando información al respecto.
Afán recaudatorio.
La mayoría de los edificios que deben pasar la inspección en 2013 están situados en los barrios de Santa Teresa, Feria, San Pablo, calle Hellín y calle La Roda, “todos ellos barrios periféricos en donde el poder adquisitivo de los propietarios no pasa por su mejor momento”, adujo. A su juicio, la Ordenanza lo que tiene es “un claro afán recaudatorio, porque el Gobierno de Bayod podría haber establecido una modificación de la Ordenanza Fiscal del ICIO para bonificar los impuestos de las personas o comunidades que tengan que realizar alguna intervención en sus edificios si no superan la inspección técnica”.
En este sentido, Sánchez Cerro también rechazó que no exista una tabla de costes en dicha Ordenanza con tarifas de mínimos y máximos “que garanticen unos derechos mínimos a los afectados”, así como que no se haya firmado todavía un convenio con los colegios de profesionales, algo que sí ha sucedido en otras ciudades, como Talavera de la Reina. “En definitiva”, concluyó, “no sabemos si terminara el año 2013 y el Gobierno de la señora bayod no habrá cumplido con su parte de la Ordenanza pero sí la habrá hecho cumplir a los propietarios afectados”.
