UGT Transportes ha firmado el preacuerdo de convenio de transportes de Albacete para más de 4.000 trabajadores, después de año y medio de negociación, y “en un esfuerzo de responsabilidad”.
El convenio provincial de Transportes de Albacete, ha informado el sindicato en nota de prensa, se estaba negociando desde enero del 2012, “con el peligro de perder la ultraactividad pasado este mes de junio, como consecuencia de la reforma laboral del Gobierno”.
Desde la Federación de Transportes de UGT Albacete se quiere trasmitir un mensaje de confianza y tranquilidad al sector, teniendo en cuenta los años malos que está sufriendo, “aunque ello no quita para que en futuras negociaciones se siga creciendo y avanzando en el ámbito social y económico”.
Por otro lado, UGT quiere recalcar que la firma ha sido posible por la responsabilidad y voluntad del sindicato, el talante dialogante y responsable de ambas partes.
Dentro de las cuestiones que se han suscrito en el nuevo convenio de Transportes de la provincia de Albacete, que se firmará el próximo día 5 de julio, el sindicato quiere destacar la aclaración de la jornada laboral pendiente en esta provincia.
En cuanto a los conceptos económicos, se ha pactado una congelación salarial de los tres años de vigencia –2012, 2013 y 2014– alejado de la intenciones de la patronal de la reducción de algunos conceptos económicos de hasta el 20%, “pero también alejado de las iniciales propuestas de subidas salariales por nuestra parte”.
“Importantísimo creemos, y más tras la reforma laboral del gobierno, es la ultraactividad del convenio de 24 meses desde el 31 diciembre de 2014. UGT ha entendido que era un buen acuerdo y necesario, basado en la racionalidad que exige la confederación de empresarios de Albacete y la capacidad de negociación reivindicadora que siempre ha demostrado”, ha argumentado.
Desde UGT Transportes se considera una buena noticia la firma del convenio ya que da salida a un convenio más en la provincia de Albacete porque en el próximo mes de julio el sindicato indica que se vería abocados a un “precipicio legislativo, tanto para empresas como para trabajadores”.
